El dinero de Pdvsa ha girado alrededor del mundo para terminar en mansiones y cuentas bancarias secretas. La justicia de Estados Unidos ha detectado decenas de sociedades offshore y otras herramientas administrativas que intentaban ocultar la ruta de ese dinero opaco. Muchos de esos fondos habrían sido ingresados a España por exfuncionarios y empresarios relacionados a la petrolera estatal, especialmente a través de la compra de propiedades. Después de varios escándalos de corrupción chavista en suelo español, la Audiencia Nacional tomó los casos que llevaba el Juzgado de Instrucción N°41 de Madrid, sobre distintos hechos de presunto blanqueo de capitales vinculados a Pdvsa, y los unificó en una macrocausa. Una investigación que, lejos de resolverse, acumula nuevos hechos, pruebas e indicios sobre ese dinero de origen ilegal


¿QUÉ SE INVESTIGA EN LA «MACORCAUSA» DE PDVSA EN ESPAÑA?

Es un expediente judicial, que está en proceso en la Audiencia Nacional de Madrid, que investiga operaciones de lavado de dinero que tienen como origen hechos de presunta corrupción que involucran a exfuncionarios de Pdvsa y a empresarios ligados a la petrolera estatal venezolana. Esta investigación, a cargo de la jueza María Tardón, agrupa varios hechos supuestamente ilícitos, lo que la convierte en un expediente de máxima complejidad para las autoridades españolas.

Fuentes judiciales consultadas por Transparencia Venezuela coincidieron en señalar las dificultades para investigar este esquema de corrupción y lavado de dinero, que suele utilizar herramientas de ocultamiento en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales u otras con secreto bancario, con el único fin de esconder la ruta del dinero público que habría sido robado.

Transparencia Venezuela afirma que para superar las dificultades de investigar este complejo esquema de corrupción y lavado de dinero, la Audiencia Nacional española requiere equipos especializados en crímenes complejos, en análisis de redes criminales transnacionales, así como tecnología que les permita avanzar con efectividad, y también que sepa manejar presiones y figuras jurídicas creativas de bufetes de abogados costosos y hábiles.

El expediente, que lleva casi cuatro años de instrucción en la Audiencia Nacional (y otros tantos en el Juzgado N° 41 de Madrid, anteriormente), cuenta en la actualidad con más de 1.000 hojas y sigue sumando pruebas, indicaron las fuentes. La Fiscalía Anticorrupción es el acusador público en este proceso, mientras que Pdvsa fue aceptada como querellante o perjudicado dentro de la causa y está representada por el exjuez español Baltasar Garzón. Desde que se ha comenzado a investigar, la Audiencia Nacional ha enviado pedidos de colaboración a países como Estados Unidos, Suiza, Malta, Andorra y Luxemburgo, entre otros. 

¿CÓMO SE DIVIDE LA MACROCAUSA DE PDVSA?

La Audiencia Nacional ha decidido dividir la investigación en cuatro piezas para enfocar en las distintas tramas de corrupción. La jueza Tardón hizo lugar a un pedido de las defensas de los acusados para separar el expediente, al tener en cuenta “la singular extensión y complejidad de la causa, el elevado número de personas investigadas y su eventual macroenjuiciamiento”.

La macrocausa conocida como el caso Pdvsa fue dividida en la Audiencia Nacional en las siguientes piezas:

El primer caso que se investiga es la existencia de una organización criminal que operó dentro de Pdvsa para saquear sus fondos. Es la pieza más compleja de la investigación porque la trama involucra a decenas de funcionarios y otros personajes ligados a la petrolera, indicaron las fuentes judiciales. Esta red, que también ha sido investigada por la justicia de Estados Unidos por distintos ilícitos, habría movido más de 1.000 millones de dólares de origen opaco a través de sociedades offshore y otros instrumentos financieros. La jueza Tardón ha comenzado con medidas de prueba para obtener información sobre la constitución de empresas en varias jurisdicciones, que se dedicaron a la compra de inmuebles en España para intentar darle apariencia lícita al dinero de la supuesta corrupción en la petrolera estatal. Los investigados en este caso son los exministros Javier Ochoa Alvarado y Nervis Villalobos, y los exfuncionarios de Pdvsa Alfonzo Eliézer Graviña, José Luis Ramos, Christian Maldonado Barillas y Rafael Reiter, mano derecha del expresidente de la petrolera, Rafael Ramírez. También la familia Rincón y otros empresarios que fueron proveedores de la compañía aparecen entre los investigados.

La segunda pieza tiene como protagonistas principales al exviceministro de Energía Nervis Villalobos y su mujer, que han sido investigados por desfalcos dentro de la petrolera pública por unos 2.000 millones de euros. La investigación en manos de la Jueza Tardón se sustenta en una denuncia realizada por la Fiscalía Anticorrupción en 2017, que indica que el exfuncionario venezolano y su esposa habrían defraudado a Pdvsa y, posteriormente, habrían creado una estructura para darle apariencia lícita a esos fondos a través de la compra de distintos inmuebles en España. El mecanismo de lavado -indicó la Fiscalía- incluye la firma de un contrato por una supuesta asesoría firmada por la sociedad Kingsway, una empresa de papel constituida en la isla portuguesa de Madeira. Los fondos por esa supuesta asesoría fueron enviados desde otra sociedad radicada en Miami a una cuenta bancaria manejada por Villalobos y su pareja en el Banco de Madrid. El dinero habría terminado en la adquisición de una casa de lujo en el acomodado barrio de La Moraleja, en Madrid.

Dentro de esa segunda pieza, la Audiencia Nacional también investiga operaciones realizadas entre el Estado venezolano y el Banco Espíritu Santo de Portugal. La jueza Tardón intenta determinar si el intermediario José Trinidad Márquez y su pareja están vinculados a una trama que permitió a este banco, ahora en quiebra, obtener financiación de organismos públicos venezolanos para entidades que eran prácticamente insolventes. La magistrada analiza puntualmente el rol de este personaje en el contrato que le permitió al Espíritu Santo ser contratado para gestionar fondos de pensiones del Estado venezolano, que le permitían inversiones máximas al grupo bancario de hasta 700 millones de euros. Como contrapartida, la justicia investiga si Trinidad Márquez y su mujer habrían cobrado 2,9 millones de euros en una cuenta suiza, que habrían utilizado para comprar dos propiedades en Alicante, España.

La tercera pieza está basada en un informe realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en 2018, que también apunta a Nervis Villalobos, pero incluye al exfuncionario venezolano Carmelo Urdaneta Aquí y al empresario Raúl Gorrín. La trama -indica UDEF- se iniciaría desde una supuesta inversión de Villalobos en una sociedad financiera en Malta, mediante la cual habría recibido un reembolso de parte de la sociedad Columbus One Properties, una firma clave para investigar el lavado de dinero en España, cercano a los 6 millones de dólares. Detrás de Columbus One aparece Swissinvest, que forma parte de la investigación judicial en los Estados Unidos conocida como “Money Flight”, que implicaría movimientos de fondos ilícitos por 1.200 millones de dólares.

La cuarta pieza, la más reciente, fue abierta hace pocos meses por la jueza Tardón luego de haber recibido, en noviembre pasado, un informe de la Fiscalía Anticorrupción enfocado en Rafael Reiter, mano derecha de Rafael Ramírez, y su esposa, Vanessa Carolina Yssea, por presunto blanqueo de capitales. La magistrada ha aceptado el pedido de los fiscales y ahora investiga por separado las maniobras realizadas por el exjefe de Seguridad de Pdvsa, también acusado de haber manipulado fondos millonarios de la petrolera estatal. 

¿QUIÉNES SON LOS IMPUTADOS POR LA JUSTICIA EN ESTE CASO?

La Audiencia Nacional investiga a 28 personas, en su gran mayoría venezolanos, por lavado de dinero y ocultamiento de bienes en España provenientes de fondos ilícitos de Pdvsa. Más de una decena de los sujetos que están bajo la lupa ya enfrentan una acusación formal de la justicia española, según los documentos judiciales. Esto implica un grado más de avance en la calificación jurídica frente a aquellos que, por el momento, aparecen en condición de querellados.

Estas son las 28 personas investigadas en la macrocausa Pdvsa:   

Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas (acusado). Ex viceministro de Energía Eléctrica durante la presidencia de Hugo Chávez. Denunciado por irregularidades en proyectos energéticos que tuvo a su cargo, y señalado en investigaciones judiciales en varios países. Fue detenido en España en 2017 por una orden de arresto emitida desde Estados Unidos por su presunta participación en un plan de soborno relacionado con Pdvsa, pero fue liberado en octubre de 2018. Seis días después lo volvieron a detener ante nuevos indicios, aunque después fue nuevamente liberado. No es el único expediente de corrupción que lo involucra en España, ya que también es investigado por el caso Duro Felgueras. La investigación periodística Suisse Secrets detectó fondos en cuentas suizas por 10 millones de francos suizos. Vive en Madrid.

Milagros Coromoto Torres Morán (acusada). Cónyuge de Nervis Villalobos. Es investigada en distintas causas judiciales en España, por formar parte de esquemas de lavado de dinero junto a su pareja. 

Alfonso Garrido Picón (acusado). Abogado y consultor español especializado en asesorías fiscales en el despacho BLaw & Tax. Habría colaborado con la ingeniería fiscal que armó Nervis Villalobos para facilitar el supuesto lavado de dinero en España.

Ramiro Iturralde Ale (acusado). Ciudadano argentino que fue detenido como parte de la Operación Carabela en Madrid, ordenada en el marco de la investigación conocida como “Money Flight”, que realizó la justicia de Estados Unidos por fondos ilegales de Pdvsa. Iturralde Ale está vinculado a la sociedad Columbus One Properties, que es investigada por el supuesto lavado de dinero de millonarios fondos ilegales de la petrolera venezolana a través de la compra de decenas de propiedades.

Hugo André Ramalho Gois (acusado). Ciudadano portugués experto en temas financieros y operaciones offshore. Fue acusado por la justicia de Estados Unidos de haber participado en una trama de blanqueo, que lavaba dinero proveniente de la corrupción en Pdvsa mediante la compra de propiedades en Miami.

Rafael Ernesto Reiter Muñoz (querellado). Exjefe de Seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez. Junto a un grupo de socios, presuntamente, crearon un esquema de sociedades offshore para asegurarse contratos millonarios de la petrolera estatal, donde este funcionario trabajaba. La justicia de Estados Unidos pidió su extradición, pero Reiter continúa en España. 

Vanessa Carolina Yssea (acusada). Es la pareja de Rafael Reiter. La justicia española pudo comprobar que el exfuncionario utilizó la identidad de la  mujer para adquirir una propiedad en Miami, así como otra en Barcelona, más una cuenta bancaria en Suiza.

Luis Fernando Vuteff García (acusado). Empresario argentino, yerno del exalcalde opositor de Caracas Antonio Ledezma. Fue una de las personas clave en el manejo de la sociedad Columbus One Properties, por eso fue detenido durante la Operación Carabela, aunque luego fue liberado. Es investigado también por la justicia argentina por lavado de dinero. 

Ignacio Sánchez Cumba (acusado). Consultor argentino que presuntamente  formó parte del armado de sociedades pantalla que se habrían utilizado para lavar en España el dinero  investigado por la justicia de Estados Unidos, en el caso “Money Flight”. Fue detenido en Madrid como parte de la Operación Carabelas, pero luego recuperó su libertad.

Isabel Villalobos Oroño (acusada). Familiar de Nervis Villalobos también acusada de formar parte del esquema de sociedades que presuntamente se usó para blanquear fondos de Pdvsa. A través de su defensa, logró que la causa de investigación que se lleva adelante en la Audiencia Nacional de Madrid se dividiera en distintos capítulos.

Jennifer Kathe Vogeler Lever (acusada)

Raúl Antonio Gorrín Belisario (acusado). Presidente del canal  de televisión Globovisión, en Venezuela. Está acusado por la justicia de Estados Unidos de haber manejado fondos ilegales provenientes de la corrupción venezolana y, por tal motivo, está vigente una orden de captura en su contra. Los fiscales de Florida indicaron que este empresario pagó millones de dólares en sobornos a dos altos funcionarios venezolanos para obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables. Gorrín Belisario les habría pagado gastos relacionados con jets privados, yates, relojes costosos y caballos, entre otros bienes de lujo. Para ocultar los pagos de sobornos, Gorrín Belisario realizó pagos mediante múltiples sociedades pantallas.

Carmelo Antonio Urdaneta Aqui (acusado). Fue director general de la Oficina de Consultoría Jurídica del Ministerio de Energía y Petróleo. Después de aceptar responsabilidad como parte de un esquema que blanqueó 1.200 millones de dólares, el exfuncionario aceptó colaborar con la justicia de Estados Unidos. Se declaró culpable de haber aceptado sobornos por decenas de millones de dólares pagados por proveedores de Pdvsa a través de contratos fraudulentos.

José Vicente Amparán Cróquer (acusado). Abogado venezolano que está acusado de haber realizado maniobras para el lavado de dinero, mediante la constitución de sociedades en España con conexiones financieras en Malta. Es investigado por la justicia de los Estados Unidos y de España, en este último caso, además, la pesquisa incluye la compra de una propiedad de lujo en Miami.

Roberto Enrique Rincón Fernández (querellado). Empresario propietario de varias sociedades registradas en los Estados Unidos que ganaron contratos como proveedores de Pdvsa. Se declaró culpable de haber pagado sobornos a funcionarios de la petrolera estatal para quedarse con contratos millonarios a través de estas empresas fachada. La justicia señaló que su entramado de empresas desvió más de USD 1.000 millones de dólares de Pdvsa. 

María Lila Bravo de Rincón (querellada). Es la esposa de Roberto Enrique Rincón Fernández. La justicia española recolectó indicios que buscan probar que ella había participado del entramado de empresas construidas por su esposo para quedarse con los millonarios contratos de Pdvsa. Bravo era la propietaria de un apartamento valorado en USD 17 millones de dólares  en Manhattan, en una zona conocida como “la avenida de los millonarios”, tal como reveló la investigación Chavismo Inc.

José Roberto Rincón Bravo (querellado). Empresario, hijo de Roberto Rincón Fernández. Fue acusado y detenido en España por blanquear dinero procedente de la corrupción. También forma parte de la red de empresas que constituyó su padre, algunas con propiedades millonarias en España. Junto con Rincón Fernández, fue titular de cuentas bancarias en Suiza que sumaron 93 millones de francos suizos, reveló la investigación periodística Suisse Secrets.

Alexandra Rincón Bravo (querellada). Hija de Roberto Rincón Fernández. Ocupó cargos administrativos en la firma Tradequip, que firmó decenas de contratos con el Estado venezolano. 

Ricardo José Rincón Bravo (querellado). Empresario, hijo de Roberto Rincón Fernández.

Oscar Francisco Machado Barboza (acusado). Administrador de cuatro sociedades vinculadas a la trama de compañías fachada que armó el empresario Rincón Fernández.

Ottavio Roberto Cautilli (querellado). Esposo de Alexandra Rincón Bravo. 

Javier Alvarado Ochoa (querellado). Ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Hugo Chávez y expresidente de Bariven. Fue detenido en Madrid en 2019 por otro caso de corrupción que involucra a la empresa española Duro Felgueras, que habría pagado sobornos para quedarse con contratos de Pdvsa. El exfuncionario fue liberado, aunque continúa bajo investigación de la Audiencia Nacional, que rechazó extraditarlo a Estados Unidos. 

Ceciree Carolina Casanova Rangel (querellada). Exgerente funcional de Recursos Humanos de la Electricidad de Caracas (ECD) y pareja del exministro Alvarado Ochoa. Junto a su marido invirtieron millones de dólares en propiedades de lujo en el Caribe, que incluye la compra de un hotel cinco estrellas en Cartagena de Indias, Colombia, y tres villas en un exclusivo resort en República Dominicana, según reveló el sitio Armando.Info. La justicia española la imputó al considerar que participó en la recepción de dinero con origen supuestamente ilícito desde Pdvsa, a través de una sociedad en la que ella figuraba como administradora.

Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz (querellado). Exgerente de compras de Pdvsa en su sede en Texas. Fue condenado a 70 meses de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable por haber cobrado sobornos para beneficiar con suculentas adjudicaciones a los empresarios Abraham Shiera Bastidas y Roberto Rincón Fernández. 

José Luis Ramos Castillo (querellado). Ex Superintendente de compras en Pdvsa. Como Alfonzo Gravina Muñoz, también trabajó en la filial de Texas, y fue condenado a 18 meses de prisión en los tribunales de Estados Unidos, tras confesar que había cobrado sobornos mientras trabajaba para la petrolera estatal.

Abraham José Shiera Bastidas (querellado). Es un empresario venezolano, socio de Roberto Rincón Fernández, ambos beneficiados con millonarios contratos de Pdvsa. Fue acusado en Estados Unidos por los delitos de conspiración, fraude, lavado de capitales, a través de sobornos de al menos cinco personas ligadas a la petrolera estatal. Fue arrestado en 2015 en ese país por orden de los fiscales federales de Texas y Florida y en 2016 se declaró culpable. La investigación periodística Suisse Secrets detectó que Shiera Bastidas y Rincón Fernández compartieron cuentas bancarias en Suiza por un total de 20 millones de francos suizos. 

Christian Maldonado Barillas (querellado). Exfuncionario venezolano y exgerente de compras en Bariven, filial de Pdvsa. Junto a Alfonzo Gravina y José Luis Ramos Castillo se declararon culpables ante una corte federal de Estados Unidos por una serie de cargos relacionados con un entramado de sobornos que dirigieron los empresarios Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham Shiera Bastidas para recibir contratos millonarios.

Manuel Martín Puente (querellado)

¿QUÉ SOCIEDADES SON INVESTIGADAS POR LA AUDIENCIA NACIONAL?

Documentos judiciales indican que hay una decena de sociedades que son investigadas por la jueza Tardón. La gran mayoría de estas firmas fueron constituidas en Estados Unidos u otras jurisdicciones fuera de España, pero son sospechosas de haber formado parte del esquema de lavado, mediante el ocultamiento de la identidad de los beneficiarios finales que adquirieron distintos bienes con fondos millonarios cuyo origen habría sido Pdvsa.

La compañía española Columbus One Properties Management SL es la firma clave para entender cómo cientos de millones de dólares de Pdvsa dieron varias vueltas al mundo para terminar en decenas de inversiones inmobiliarias en España. A esta empresa se suman otros nombres menos rutilantes, pero que la justicia interpreta que componen, una por una, el complejo esquema que se armó para blanquear dinero de la petrolera venezolana. 

Un buen ejemplo es Ovarb Industrial LLC, una empresa estadounidense con oficinas en Houston y Caracas cuyo dueño es el empresario Roberto Rincón Fernández. La justicia de Estados Unidos entiende que Ovarb forma parte de una red de 30 empresas creadas por Rincón Fernández y su socio Abraham Shiera, para obtener viciados contratos de Pdvsa. Como Ovarb, también aparecen en los tribunales de Estados Unidos otras firmas norteamericanas como Reliable Process & Instruments, ISS Industrial Sourcing Services LLC, NorthLand Automation, Venmar Inc, Wells Ultimate Service LLC y Premiere Procurement Group. Todas ellas son investigadas ahora también por la Audiencia Nacional en esta macrocausa de Pdvsa. En el caso particularmente de Ovarb, esta sociedad recibió en 2010 una adjudicación de Bariven para proveer turbinas y equipos eléctricos por USD 250 millones, apenas dos meses después de haberse creado, según publicó el sitio Armando Info. 

Las sociedades españolas Tradequip España Inspección Logística SL y Global Maghas SL también son parte del expediente como firmas del hijo de Roberto Rincón Fernández, ésta última incluso aparece como titular de la finca La Losilla, en las afueras de Madrid, cuyo capital era de 26 millones de euros, según publicó el periódico digital El Confidencial. 

¿EN QUÉ ESTADO ESTÁ LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL EN LA JUSTICIA ESPAÑOLA?

El expediente está en la fase de instrucción, en el proceso de producción y verificación de pruebas. La jueza Tardón ya cuenta con distintos informes de organismos como la Fiscalía Anticorrupción, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la unidad antilavado española que serán pruebas clave para el desarrollo del proceso. La magistrada, además, recibió respuestas a algunas peticiones de información del exterior, pero todavía aguarda más respuestas de otros países como Estados Unidos, Andorra y Malta, indicaron fuentes judiciales a Transparencia Venezuela. La Policía continúa con la realización de informes sobre las operaciones investigadas, agregaron. La decisión más próxima que deberá tomar la jueza Tardón será el pedido que hicieron varios de los imputados para archivar el caso. “Lo decidirá próximamente”, dijeron fuentes de la Audiencia Nacional.