La lista de piezas que encajan en el desfalco a la nación sigue creciendo en perjuicio de los venezolanos. 90 nuevos casos de malversación de los fondos públicos se incorporan al Corruptómetro, herramienta interactiva desarrollada por Transparencia Venezuela y la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, para identificar el entramado de un desfalco sin precedentes registrado entre 1999 y 2020 que encaja en los parámetros de la Gran Corrupción, por las enormes cantidades de dinero involucradas, la participación de funcionarios de altos cargos, su extensión a otros países y el enorme impacto sobre la población.
A los 226 casos registrados por el Corruptómetro, en diciembre de 2021 se agregan otros 90 para un total de 316 tramas de apropiación indebida del patrimonio público venezolano o de participación de altos funcionarios y sus allegados en el crimen organizado, de los cuales se conoce la cantidad de dinero comprometida en 145 casos (46% del total): 67.883 millones de dólares. Una cifra presuntamente malversada durante dos décadas bajo la administración de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que equivale a más de siete veces las reservas internacionales de Venezuela, que al cierre del 9 de diciembre de 2021 se encontraban en 10.856 millones de dólares.
El sector público más afectado por las irregularidades administrativas es el petrolero, en el que fueron comprometidos 42.742 millones de dólares a lo largo de dos décadas. No es gratuito que la empresa con mayor número de menciones en las tramas que registra el Corruptómetro sea Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) junto a sus empresas filiales y que los cuatro primeros casos con mayor montos involucrados correspondan a la estatal: 24.103 millones de dólares.
Detrás de estos millonarios montos vinculados a la corrupción, hay centenas de nombres. En la segunda entrega del Corruptómetro, se registraron más de 362 personas involucradas en 316 casos, de las cuales: 145 son empresarios, 125 son o fueron funcionarios y/o empleados públicos, 25 banqueros y el resto familiares o algún otro tipo de facilitadores. En cuanto al género, 61 son mujeres y los demás hombres.
Los nombres que se repiten en tres o más investigaciones abiertas por corrupción en diferentes países son: Alex Nain Saab Morán, Álvaro Enrique Pulido Vargas, Claudia Patricia Díaz Guillén, Claudio Uberti, Javier Alvarado Ochoa, José Vicente Amparan Croquer, Luis Carlos De León Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Omar Farías Luces, Rafael Ernesto Reiter Muñoz y Roberto Enrique Rincón Fernández.
Con el Corruptómetro también es posible conocer el avance de la justicia contra los esquemas delictivos perpetrados por exfuncionarios y empresarios vinculados al chavismo asociados al robo del patrimonio público u otras formas de crimen organizado. En Estados Unidos, desde 2008, al menos 65 personas se han declarado culpables, total o parcialmente, de los cargos de los que se les acusa. Solo en 2021, asumieron su culpabilidad siete personas.
La condena de prisión mínima dictada en EE UU fue de dos meses, impuesta al empresario Charles Quintard Beech III, el 9 de julio de 2021, mientras que la máxima (tras algunas reducciones de condena) ha sido de 216 meses. La más larga se le impuso a Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores De Freitas, sobrinos de Cilia Flores, el 14 de diciembre de 2017, equivalente a 18 años de prisión.
En esta nueva entrega, el Corruptómetro incorpora a su base de datos la lista de bienes identificados o mencionados en los procesos iniciados en EE UU. Solo en ese país se identificaron 306 bienes vinculados a hechos de corrupción venezolana entre 2009 y 2011, es decir, un promedio de 26 por año durante más de una década.
La información del Corruptómetro está basada en causas e investigaciones judiciales iniciadas por organismos oficiales dentro y fuera de Venezuela, como Ministerio Público, Contraloría General, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia y otros órganos dedicados a la supervisión en el manejo de recursos, tanto bancarios como aduanales. El Corruptómetro también incluye investigaciones periodísticas que revelan graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos, y datos aportados por reconocidos medios de comunicación, que aún no han pasado a ser objeto de investigación formal por parte de autoridades oficiales.
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