En la acusación contra el empresario argentino por lavado de dinero, el juez identificó a seis funcionarios venezolanos como participantes de la trama: Nancy Pérez Sierra, Richard Canan Durán, Eddie Betancourt Romero, Vinicio Micotti Lanz, Manuel Ángel Fernández Meléndez y Américo Mata García. Estos presuntamente suscribieron acuerdos con las compañías argentinas o recibieron dinero en cuentas ubicadas en paraísos fiscales
Transparencia Venezuela, 31 de mayo de 2023.- El caso del empresario argentino Juan José Levy, símbolo de la corrupción dentro del fideicomiso bilateral entre Venezuela y Argentina, dio un vuelco: la justicia argentina lo acusó formalmente tanto a él como a sus hermanos y a sus compañías por maniobras de lavado de dinero por 282 millones de dólares provenientes de la defraudación a organismos públicos venezolanos, como Suministros Venezolanos Industriales CA (Suvinca), Ministerio del Poder Popular para la Salud y Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv). Mientras, el Ministerio Público venezolano no emite información sobre la investigación penal que se abrió para determinar supuestas responsabilidades en este caso.
El juez argentino Marcelo Aguinsky procesó a los empresarios la semana pasada por segunda vez en este expediente que lleva siete años en investigación. El magistrado dispuso embargos multimillonarios contra los acusados, que en el caso de Juan José Levy llega hasta casi 350 millones de dólares. La cifra fue calculada con base en el daño económico que tendrían que resarcir los acusados si efectivamente son encontrados culpables. Aguinsky también les prohibió la salida de Argentina sin autorización previa de su juzgado.
El juez describió a lo largo de casi 600 páginas toda la trama delictiva que comenzó con la firma de un convenio bilateral suscrito por los presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner, dirigido a apoyar el desarrollo económico entre ambos países e impulsar el intercambio comercial a precio justo de bienes necesarios, y continuó con la compra de bienes a empresas argentinas que fueron adquiridos con sobreprecios que llegaron a superar 400%.
Un fenómeno que identificó la investigación es que, contrario a la lógica del mercado, las empresas de Levy no bajaban el precio por la venta al por mayor de productos, como suele ocurrir, sino que los precios siempre subían. En la investigación también se indicaron ejemplos de distintos productos que ni siquiera eran fabricados en Argentina, a pesar de ser una de las finalidades del Convenio, sino que eran importados mayormente de China a un precio inferior y luego revendidos al Estado venezolano por un precio más alto.
El magistrado desarticuló, uno por uno, los argumentos de los empresarios argentinos, que esgrimían que los precios eran más altos por el riesgo de impago que suponía vender productos a Venezuela. El acuerdo bilateral contemplaba el pago por adelantado de 60% del contrato. Con ese adelanto, el juez demostró que los empresarios no solo cubrían el costo de la mercadería importada, sino que ganaban más que con las ventas que hacían por productos similares a otros países.
La siguiente etapa de la maniobra delictiva fue la más compleja para los investigadores. Los Levy montaron una compleja trama de sociedades offshore en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes Británicas, así como jurisdicciones distantes como Hong Kong, con el único fin de darle apariencia lícita a esas ganancias. “Los Panama Papers fueron clave para esta operación porque pusieron el foco en ese país y, entonces, la cooperación internacional comenzó a fluir”, indicaron fuentes judiciales. También hubo colaboración de las autoridades de Estados Unidos, agregaron.
Pero la respuesta desde el gobierno venezolano fue distinta, que omitió responder dos docenas de exhortos. “Venezuela mantuvo siempre una postura cerrada frente a la incesante y continua solicitud de asistencia jurídica internacional formulada por esta judicatura a los efectos de ahondar en los supuestos sucesos delictivos acaecidos en dicho territorio. Su reticencia en contestar exhortos y producir pruebas ha sido igualmente conteste con el intento de la defensa, que no obtuvo resultado alguno. El avance de la investigación del delito de legitimación de bienes ha sido posible con la verificación de un escenario más detallado de la maniobra, proporcionado a través de los datos aportados por otros Estados requeridos por los que circuló el dinero observado”, argumentó el juez Aguinsky en su fallo.
El magistrado también fue crítico con el gobierno argentino. Destacó en su fallo que la Cancillería cumplió con sus pedidos para enviar y recibir exhortos, pero advirtió que fallaron los controles de las dependencias públicas para evitar estos delitos. “Las instituciones de gobierno parecen no haber advertido esta situación al no haber propiciado investigaciones que hubiesen permitido echar luz, en tiempo oportuno, sobre los aspectos neblinosos en que se desarrollaron los hechos. Me refiero a las facetas administrativas, financieras y políticas vinculadas a la compleja maniobra”, indicó el magistrado.
El exministro Julio De Vido y su mano derecha, José María Olazagasti, son los funcionarios públicos sospechados por haber sido los artífices de la “embajada paralela” argentina que desde Caracas puso en funcionamiento el fideicomiso bilateral con el gobierno venezolano. Aunque no aparecen formalmente en el expediente, los medios de comunicación argentinos han revelado en los últimos años que los hijos de Levy y los hijos de Olazagasti compartían colegios. Sus padres, además, han compartido viajes a Caracas durante los años dorados del kirchnerismo.
El silencio de la Fiscalía venezolana
La información sobre esta trama que involucra dinero venezolano se ha obtenido por medio de la justicia argentina. Sin embargo, tras una demanda que interpuso la farmacéutica Microsules en 2017 en contra de Venezuela por USD 58.233.131,15 ante un supuesto incumplimiento de contrato y a la que el Estado no contestó ni promovió pruebas, se conoció en 2021 que la Fiscalía General de la República, había iniciado una investigación penal, de la que no se tienen detalles.
Llama la atención la poca transparencia con la que el Estado venezolano ha asumido este caso en el que se comprometieron millones de dólares de la República y en la que están relacionados funcionarios de alto nivel que, tras suscribir contratos con presunto sobreprecio -según la justicia argentina-, continuaron al frente de organismos públicos y con responsabilidades en el manejo de fondos.
El juez Aguinsky, aunque no acusó formalmente, mencionó a seis funcionarios venezolanos que suscribieron estos contratos irregulares.
Se trata de Nancy Pérez Sierra, quien -según expuso el magistrado- comparte apellidos con un representante de una de las empresas involucradas en la trama, la sociedad Importadora Asiria C.A. Esta empresa venezolana formó parte de la compleja operatoria offshore de los Levy porque recibió pagos en cuentas bancarias registradas en Islas Caimán, según la investigación de la justicia argentina. De acuerdo con la decisión, Laboratorios ESME SAIC contrató a la importadora “por ser una empresa de transporte entre el puerto y los depósitos ante la saturación de aquel en Venezuela”.
Este contrato, al igual que otros con Microsules y Farmamed -también propiedades de Levy-, fueron suscritos mientras Pérez Sierra era ministra de Salud (2014-2015). Desde entonces, ha ocupado al menos cuatro cargos públicos, según la Gaceta Oficial: presidente de la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario, alcaldesa del municipio Barinas, diputada de la Asamblea Nacional y vocal de la Junta Directiva de la Fundación Cardiovascular.
El segundo funcionario mencionado en el fallo es Richard Canan Durán, quien, en calidad de ministro de Comercio, representó a la estatal Suvinca para suscribir un acuerdo con Laboratorios ESME SAIC con el propósito de crear “una alianza estratégica socialista” e impulsar el intercambio de productos de higiene.
Desde que Canan Durán salió del Ministerio de Comercio ha sido designado en 12 oportunidades para dirigir instituciones públicas de distinta índole, como Corpomiranda, la Vicepresidencia de la República, el Banco Bicentenario, Fundacomunal, Fondo Nacional Antidrogas, la Corporación Nacional de Alimentación Escolar y la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas.
El juez Aguinsky señala que Eddie Betancourt Romero, para el momento presidenta de Suvinca (2011), también firmó un contrato con el mismo laboratorio para la adquisición de productos de limpieza por un total de USD 22.358.943,48. Sin embargo, en dos oportunidades se modificó el acuerdo porque se alegaba un aumento en la cantidad de productos que debían distribuirse en el país. Esto implicó un incremento en el monto de la compra, que terminó en USD 120.113.231,34.
Betancourt Romero continuó relacionada con el Ministerio de Comercio al terminar su gestión en Suvinca. Según Gaceta Oficial, ocupó dos cargos más: primero como presidenta de la empresa mixta Comercializadora de Productos Bielorrusa Venezolana S.A. y luego como presidenta de la Almacenadora Caracas.
El fallo también nombra a Vinicio Micotti Lanz, presidente de Suvinca (2014), quien mantuvo comunicación con la compañía argentina para continuar con los envíos de productos de higiene. Micotti Lanz es militar y ha ocupado cuatro cargos de alto nivel dentro de la Fuerza Armada Nacional, específicamente en la Aviación: segundo comandante y jefe del Estado Mayor en dos oportunidades y responsable de los fondos de funcionamiento del Estado Mayor en otras dos.
El quinto funcionario venezolano vinculado a la trama es Manuel Fernández Meléndez, expresidente de Cantv. Dice el documento judicial que entre 2012 y 2016 firmaron varios contratos con sobreprecios con empresas de Levy para la compra de decodificadores, antenas y repuestos.
Fernández siempre ha estado vinculado al área de telecomunicaciones en su paso por la administración de Chávez y Maduro. Previo a ejercer la presidencia de Cantv, fue ministro de Ciencia y Tecnología, presidente de Movilnet e integrante del Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (Fidetel).
La Cadena de Tiendas Venezolanas (Cativen) aparece en este caso por la misma razón: la creación de una alianza estratégica socialista para obtener a “precio justo” productos de higiene personal y alimentos; también para instalar una planta industrial e incorporar un plan de transferencia tecnológica. El presunto responsable de firmar estos acuerdos en 2010 con Laboratorios ESME SAIC es Américo Mata García, expresidente de Cativen. De acuerdo con Poderopedia, luego de este cargo, Mata García estuvo en la presidencia de Corpomiranda y la dirección de Barrio Nuevo Barrio Tricolor, así como en una de las direcciones de Hidrocapital.
Este es el segundo procesamiento del caso Levy que presenta el juez Aguinsky. La primera acusación se efectivizó en 2016, pero luego la Cámara Federal, el tribunal superior, revocó ese procesamiento y le pidió al magistrado que continuara con la investigación para reenfocar el delito y conseguir nuevas pruebas. Aguinsky ahora procesó por segunda vez a los hermanos Levy, un fallo que también deberá ser revisado por instancias superiores antes de avanzar al juicio oral.
Aunque hay una decena de expedientes abiertos en los tribunales argentinos, el caso Levy es apenas el segundo caso de corrupción venezolana que avanzó en Buenos Aires. El otro es el caso de la maleta de Antonini Wilson, que después de más de 15 años está en pleno juicio oral. Aunque, como ocurre en el caso Levy, tampoco los venezolanos que participaron de ese suceso serán juzgados en los tribunales argentinos.
