El militar Nepmar Jesús Escalona Enríquez, que vive en Miami desde 2014, lavó por lo menos USD 420.000 a través de un esquema de corrupción que involucró a Cadivi y a Banesco, según un tribunal de Florida. Se declaró culpable y se le impuso una multa por más de USD 800.000
Transparencia Venezuela, 08 de marzo de 2024.- La asignación opaca y discrecional de divisas a través de la extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) de Venezuela está bajo la mirada de la justicia estadounidense. Una Fiscalía del Distrito Sur de Florida acusó al mayor retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de conspirar para lavar dinero obtenido del control de cambio y lo señaló de violar leyes venezolanas que prohíben el fraude bancario y el soborno a funcionarios públicos.
El pasado 4 de marzo de 2024, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, el militar se declaró culpable de haber conspirado en un esquema que involucra a otras dos personas. De acuerdo con el expediente judicial, Escalona Enríquez conspiró entre enero de 2010 y septiembre de 2017, y blanqueó no menos de USD 420.000. Aunque no fue el “director” de la conspiración, habría presentado falsas solicitudes de asignación de divisas ante Cadivi, una instancia creada en 2003 y adscrita al Ministerio de Finanzas, con el propósito de convertir al Estado en el único proveedor de divisas.
El esquema consistió en solicitar dólares para una supuesta importación de alimentos en los años en los que Venezuela comenzaba a registrar una profunda crisis alimentaria, según el texto. Con documentación falsa, Escalona Enríquez argumentó que la empresa Alimentos Berrios C.A. (Albeca) requería comprar en Brasil el compuesto químico Adehído C10, que costaba EUR 1,5 millones. Fue esa la cantidad que Cadivi aprobó en mayo de 2014 y que luego Albeca transfirió desde su cuenta en Banesco hasta la cuenta de Ka-mar Trading en el Banco do Brasil. En total se hicieron 12 transferencias por USD 1,6 millones.
Para evitar la detección del esquema de corrupción, el militar habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos.
La Fiscalía identificó que Escalona Enríquez pidió a sus socios transferir parte del dinero a cinco bancos del sistema financiero estadounidense. Los fondos provenían de una cuenta en Hong Kong, China:
-El 30 de junio de 2014 se transfirieron USD 33.352,44 al Wells Fargo Bank; USD 100.057 al UBS AG; y USD 8.338 al Mercantil Commercebank.
– El 9 de julio de 2014 se transfirieron USD 200.000 al UBS AG.
– El 29 de diciembre de 2014 se transfirieron USD 79.100 al Bank of America.
Total: USD 420.847,44
En la acusación, la Fiscalía también asegura que se cometieron delitos contra una nación extranjera, que en este caso se trata de Venezuela, por lo que consignará documentos que prueban la violación de por lo menos nueve leyes venezolanas que sancionan el fraude bancario y el soborno.
Algunos países observan el lavado de dinero como una consecuencia de otro delito que, por lo general, se cometió en otro país. A pesar de que en Venezuela no se conoce sobre el inicio de una investigación por este caso, Estados Unidos marca un precedente al destacar las normativas que se transgredieron antes de que se cometiera el blanqueo de dinero en su sistema financiero.
Las leyes venezolanas que Escalona Enríquez y sus socios habrían violado son: Ley de Bancos y Otras Instituciones Bancarias (2001), Ley contra la Corrupción (2003), Ley contra la Delincuencia Organizada (2005), Código Penal (2005), Ley contra los Ilícitos Cambiarios (2007), Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo (2012), Ley de Reforma Parcial de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios (2010), Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios (2013) y el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos (2014).
El control de cambio impuesto desde 2003 en Venezuela representó uno de los principales incentivos de la corrupción durante el chavismo, de acuerdo con el patrón de Gran Corrupción identificado por Transparencia Venezuela.
Por más de 15 años, las compañías que querían importar debían esperar que Cadivi les aprobara la compra de dólares. Esas operaciones comerciales gozaban de un tipo de cambio preferencial (menos bolívares por dólar), pero su autorización era discrecional. Industrias con tradición comercial no lograban conseguir todas las divisas que requerían, mientras compañías de maletín consiguieron grandes asignaciones que luego revendían en el mercado paralelo a precios más elevados. Más de USD 20.000 millones se habrían fugado por esta vía solo en 2013, según denunciaron la expresidenta del Banco Central de Venezuela, Edmée Betancourt, y el exministro de Planificación, Jorge Giordani.
Pese a que Nicolás Maduro señaló al término de 2013 que tenía en su poder el listado con las empresas que habían recibido dólares a tasa preferencial para hacer una auditoría, nunca publicó de quiénes se trataban. No se conocen cuántas investigaciones se han iniciados por estos hechos, cuántas sentencias condenatorias se han dictado ni cuánto de ese dinero se ha podido recuperar.
Los involucrados
La acusación contra Nepmar Jesús Escalona Enríquez se presentó en 2022. Para la fecha tenía ocho años viviendo y trabajando en Miami, según el expediente. En Florida posee la empresa ACCA Foods LLC y comparte acciones con Blanca Carolina Díaz Ortega. Según el Registro Nacional de Contratistas, también comparte sociedad con Díaz Ortega en la empresa ACCA Alimentos C.A., registrada en Carabobo, creada en 2014 y que, según la información del RNC de 2022, solo tiene un empleado.
Además de empresario, el militar ocupó un cargo público. En 2018, Petróleos de Venezuela S.A. lo designó vicepresidente de Finanzas de Citgo Petroleum Corporation. Al año siguiente, tras la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, se conoció que la filial de la petrolera venezolana lo despidió por estar relacionado con altos cargos del gobierno nacional.
En el documento judicial al que se tuvo acceso también mencionan a un socio del militar, Oswaldo Enrique Berríos Medina, dueño de Albeca, la empresa con la que habrían hecho varias solicitudes falsas ante Cadivi. De acuerdo con el RNC, Mercado de Alimentos S.A. (Mercal) figura entre sus clientes: han suscrito por lo menos 28 contratos para la adquisición de mayonesa.
Próximos pasos
En el acuerdo de culpabilidad del GNB se estableció una multa por USD 841.694,88 y se le decomisó un inmueble ubicado en 3425 Eimerson Lane, Fourt Lauderdale, Florida. Al aceptar su responsabilidad, el acusado no se someterá a un proceso judicial extenso. La sentencia está prevista para el próximo 23 de mayo de 2024. El Departamento de Justicia señaló que Escalona Enríquez podría enfrentar hasta 20 años de cárcel.