De acuerdo con los registros de Transparencia Venezuela, de las 164 investigaciones iniciadas en 29 países, por el presunto desfalco del patrimonio público venezolano, 86 tienen un estatus desconocido, están paralizadas desde hace varios años o han cerrado por falta de apoyo desde Venezuela 

Transparencia Venezuela, 31 de enero de 2024.- Ni un empleado tenía la empresa argentina Baldric S.A. cuando fue contratada por una estatal venezolana para la remodelación de un frigorífico ubicado en Machiques de Perijá, Zulia, que costó casi 8 millones de dólares en 2008, en el marco de un fideicomiso bilateral firmado entre Hugo Chávez y Néstor Kirchnner. Poco tiempo después, uno de los dueños de la compañía argentina compró un centro comercial en Estados Unidos. Pese a las evidencias del caso, la justicia de Argentina cerró la investigación abierta porque Venezuela nunca respondió las peticiones de información para avanzar con el proceso.  

La Fiscalía venezolana también enmudeció cuando autoridades financieras de Argentina hallaron sobreprecios en las importaciones de productos y equipos agrícolas que Venezuela había contratado con la empresa Panamérica S.A., también ejecutado como parte del fideicomiso. La falta de cooperación por parte de Venezuela devino en el cierre de la causa en 2021.  

Una situación similar ocurrió con una investigación en Suiza. Después de identificar que la esposa y la suegra del exministro de Obras Públicas, Haiman El Troudi, habían recibido por lo menos 42 millones de dólares de empresas offshore usadas como caja negra para las coimas de Odebrecht, Suiza envió a Venezuela los detalles de la vinculación, pero no obtuvo respuesta. Por el contrario, un tribunal venezolano declaró que era nulo cualquier acto en perjuicio de la familia política del exfuncionario, luego de que la Fiscalía dirigida entonces por Luisa Ortega Díaz iniciara las investigaciones. 

Estas causas integran la lista de 164 procesos que han sido abiertos en 29 países, vinculados con corrupción en Venezuela. Según registros de Transparencia Venezuela, el patrimonio público comprometido por corrupción en poco más de la mitad de los casos se eleva a 64.000 millones de dólares. 

De los 164 casos, por lo menos 73 que investigan el presunto lavado de dinero de los venezolanos registran un estatus desconocido y al menos 13 han sido cerrados aun teniendo indicios de la comisión del delito. De acuerdo con el seguimiento que ha hecho Transparencia Venezuela, el cierre o la paralización de algunas investigaciones obedece a la falta de respuesta por parte del gobierno venezolano en torno a la existencia de un delito precedente.  

Algunas jurisdicciones observan el lavado de dinero como una consecuencia de otro delito, por lo que se condiciona la investigación a la comprobación en el Estado de origen que en este caso es Venezuela. Si este paso no se cumple, hay altas probabilidades de que el país que detectó las operaciones ilícitas en su sistema financiero desista de proseguir con las averiguaciones.  

No obstante, existen doctrinas que defienden la continuidad de las investigaciones por lavado de dinero aún sin la existencia previa de una condena por algún delito primario o procedente, como la corrupción. 

La falta de respuesta por parte de las autoridades venezolanas frente a varias de las causas abiertas en el extranjero no es compatible con la “lucha sin cuartel” contra la corrupción que se predica desde el Ministerio Público venezolano. 

Públicamente, la Fiscalía venezolano ha informado sobre su participación en encuentros iberoamericanos de fiscales y otras actividades con el propósito de “fortalecer vínculos” y avanzar en casos de trabajo conjunto contra redes de corrupción, trata de personas y tráfico de drogas principalmente. Sin embargo, el fiscal general Tarek William Saab no se ha referido públicamente a cuántas solicitudes de información recibe el  Ministerio Público para avanzar en procesos por corrupción abiertos en otros países. Tampoco ofrece detalles sobre cuáles no han sido respondidas o los motivos para desecharlas.   

Causas sobreseídas pese a las evidencias 

Hasta ahora, Argentina encabeza la lista con siete causas cerradas, algunas por la supuesta falta de elementos para continuar o por la ausencia de voluntad del Ministerio Público venezolano para cooperar con la justicia internacional. Todas estas investigaciones están relacionadas con el fideicomiso firmado con Argentina en 2004 que, en lugar de promover el desarrollo, desencadenó un sinfín de contratos con sobreprecios y unos pocos beneficiados económicamente, de acuerdo con los reportes de la Unidad de Información Financiera. 

Ya en 2021, fuentes judiciales de Argentina aseguraban que la “falta de colaboración” de las autoridades venezolanas bloqueaban el avance de procesos que comprometían cerca de 3.000 millones de dólares.  

La poca voluntad de cooperación no es la única dificultad a la que se enfrentan los tribunales de otros países. El exfiscal español Carlos Castresana explica que la resolución de los casos de Gran Corrupción implica invertir gran cantidad de recursos públicos, por lo que las autoridades se enfocan solo en las causas que garanticen éxito.  

Además, hay obstáculos burocráticos: por lo general, las solicitudes de información llegan primero al Ministerio de Justicia o a la Cancillería y el curso del proceso en el extranjero puede verse afectado.  

Durante un evento en Madrid sobre corrupción venezolana, Castresana señaló que parte de la estrategia es rastrear el dinero ilícito para incautarlo y remover las dificultades políticas vinculadas con las relaciones diplomáticas que a veces los países no quieren perjudicar por una investigación de corrupción. 

13 causas internacionales archivadas en cuatro países 

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