El exfuncionario del chavismo, investigado en al menos cuatro países por lavado de dinero, entregó una serie de documentos a la justicia estadounidense con la intención de demostrar que desde sus cargos alertó de irregularidades en contratos, como los recibidos por las empresas Ovarb, Derwick y KCT en medio de la emergencia eléctrica de 2009
Corruptómetro, 22 de septiembre de 2022
Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo Eléctrico y expresidente de Bariven y Corpoelec, tiene el estatus de fugitivo en el Tribunal del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, donde hay un caso abierto por su presunta participación en una trama de sobornos y lavado de dinero de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Aun así, la defensa del exfuncionario del chavismo presentó en el juzgado estadounidense una moción con la que pide que sean desestimados todos los cargos pendientes contra él en esa causa.
En un intento por librarse del caso, la defensa de Alvarado asegura entre otras cosas que la acusación presentada por los fiscales estadounidenses es “defectuosa, insuficiente, contradictoria e inexacta”. Los abogados niegan que el exviceministro haya conspirado con otros funcionarios o con los empresarios Abraham Shiera y Roberto Rincón para adjudicar contratos millonarios de Pdvsa y sus filiales, o para privilegiar a los privados en el pago de facturas pendientes.
Según se lee en la moción, que fue liberada por la justicia de Estados Unidos el 15 de septiembre, Alvarado intervino directamente cuando detectó alguna irregularidad en las contrataciones de Pdvsa; ordenó siete investigaciones o auditorías que involucraban a las empresas de Shiera y Rincón; entregó información a la Contraloría General de la República (CGR) y aportó datos del Ministerio de Electricidad, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y Bariven a la embajada de Estados Unidos en Caracas entre 2010 y 2015.
“También asistió al Gobierno de Estados Unidos varios años después, proporcionando información y documentos al Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington, D.C., a la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y, como se mencionó anteriormente, a la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas”, agrega el documento en el que además refieren que los datos no fueron tomados en cuenta al momento de acusarlo formalmente.
La moción presentada fue acompañada por una serie de documentos con los que Alvarado intenta probar que alertó de irregularidades en las contrataciones de las empresas Ovarb, Derwick y KCT en la emergencia eléctrica de 2009; que no estuvo involucrado en esos casos y que, por el contrario, algunos de sus excompañeros sí participaron en ellos, como Rafael Ramírez y Eulogio Del Pino.
Lo que sabía Alvarado de la corrupción en el sistema eléctrico
Entre los documentos presentados ante la justicia de Estados Unidos se encuentra una comunicación del 08 de julio de 2010 que envió Alvarado, entonces viceministro de Desarrollo Eléctrico a Alí Rodríguez Araque, ministro de Energía Eléctrica. En la carta se presentan los resultados de una investigación que confirma un “esquema de tráfico de influencias entre empleados de Corpoelec y Pdvsa con varias contratistas del sector”, en medio de la emergencia eléctrica nacional de 2009.
La investigación inició después de que un ingeniero de la empresa Solar Turbines denunciara que el director de la Electricidad de Caracas, Luis Carlos De León, le solicitó comisiones para otorgarle contratos.
En la comunicación enviada a Rodríguez Araque, Alvarado dice que De León es el operador del esquema de tráfico de influencias y que aunque éste ya había sido destituido de todos sus cargos en Corpoelec y Pdvsa, seguía en contacto con funcionarios activos. “De León mantiene a la fecha estrechos vínculos con ejecutivos de Pdvsa como Eudomario Carruyo, director de Finanzas, Armando Giraud, consultor jurídico, Nervis Villalobos, asesor mayor a la presidencia de Pdvsa”.
Otra serie de documentos entregados a la justicia de Estados Unidos exponen que Alvarado denunció la adjudicación directa que el ministro Rafael Ramírez, exministro de Energía y Petróleo y expresidente de Pdvsa, le había dado a Ovarb, una empresa de Rincón, en 2010, de más de 250 millones de dólares.
En un Punto de Información con fecha 04 de octubre de 2011 que envío Alvarado, ya como presidente de Bariven, a Ramírez, dice que llama la atención la diferencia que hubo entre los tiempos de contratación de empresas durante la emergencia eléctrica. Menciona expresamente los contratos asignados a Ovarb, pero también los recibidos por la empresa KCT y por Derwick, propiedad de los llamados “bolichicos”, Alejandro Betancourt, Francisco Convit, Pedro Trebbau.
“Por un lado a las empresas Siemmens y Solar Turbines, les tomó del orden de un año para obtener sus respectivas órdenes de compra, y por el otro, para KCT, Derwick y Ovarb, ese tiempo fue menor de un mes. Esto debe ser de especial atención en las auditorías que Pdvsa ejecute”, dice el documento destinado a Ramírez.
Entre las “pruebas” presentadas al tribunal del Distrito Sur de Texas también se encuentra una comunicación confidencial fechada el 11 de abril de 2012 que le envía Alvarado al ingeniero Oswaldo González, asesor mayor de Control y Prevención de Pérdidas de Pdvsa, quien había estado también investigando las presuntas irregularidades en las contrataciones. En la carta, el presidente de Bariven le pide a González que someta a la Contraloría General de la República el expediente sobre las empresas Ovarb, Derwick y KCT “en el cual hay amplia evidencia de contrataciones irregulares”.
Alvarado pide notificar a la CGR que se tienen evidencias de que los dueños de Ovarb son también propietarios de otras empresas que regularmente participan en otros procesos de Bariven. “Adicionalmente, acláreles que el actual auditor interno de Pdvsa, Silvestre Molero y el vicepresidente de EyP, Eulogio Del Pino parecieran estar comprometidos en esas contrataciones vía las Comisiones de Contratación y el Comité de Operaciones”.
Buscado por Estados Unidos, España, Andorra, Venezuela…
En el caso que lleva el Distrito Sur de Texas y en el que está involucrado Alvarado también han sido señalados más de una veintena de empresarios y exfuncionarios de Pdvsa y sus filiales, quienes presuntamente conspiraron para negociar contratos millonarios de la estatal y posteriormente lavar el dinero de la corrupción, con un daño patrimonial que se estima en USD 1.000 millones.
Como parte de este proceso judicial, que puede ser consultado en el histórico de casos de El Corruptómetro, ya se han declarado culpables al menos 19 personas, entre ellos, los exfuncionarios Luis Carlos De León, César David Rincón Godoy y Christian Javier Maldonado Barillas, así como los empresarios Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Enrique Rincón Fernández.
Además del proceso judicial en Estados Unidos, Alvarado está siendo investigado por al menos otros tres países.
El nombre del exviceministro de Desarrollo Eléctrico figura en una de las piezas que conforman la macrocausa judicial que está en proceso en la Audiencia Nacional de España y que busca desvelar la red de corrupción y lavado dinero de Pdvsa alrededor del mundo. En este caso también son señalados otros exfuncionarios como Alfonzo Eliézer Graviña, José Luis Ramos, Christian Maldonado Barillas y Rafael Reiter.
En España, Alvarado ha sido igualmente mencionado en las investigaciones judiciales relacionadas con el escándalo de las comisiones pagadas por la constructora española Duro Felguera a funcionarios venezolanos corruptos, para hacerse con el contrato para la construcción de una central termoeléctrica para surtir de electricidad a Caracas. Por este caso, fue detenido y posteriormente liberado en Madrid en 2019.
El exviceministro de Desarrollo Eléctrico se encuentra desde septiembre de 2018 entre los 28 procesados por un juzgado de Andorra por participar en el supuesto desfalco de más de 2.000 millones de dólares de Pdvsa. Alvarado está acusado de blanqueo de capitales y de pertenecer a una red que cobró comisiones a empresas entre 2007 y 2012 a cambio de la adjudicación de contratos.
En enero de 2021, el diario El País de España reveló que Javier Alvarado Ochoa usó una red de empresas ubicadas en paraísos fiscales para adquirir viviendas de lujo y otras propiedades en España, Colombia y los mismos Estados Unidos, todas ellas valoradas por decenas de millones de dólares.
Además, en diciembre de ese mismo año, salieron a la luz documentos del registro mercantil de Luxemburgo que muestran que Alvarado y su pareja, Cecirée Carolina Casanova Rangel, invirtieron millones de dólares en propiedades de lujo en el Caribe, incluyendo la compra de un hotel de cinco estrellas en la ciudad colombiana de Cartagena, y de tres villas en un exclusivo resort en República Dominicana. Estos datos fueron publicados como parte del proyecto OpenLux, levantado con data obtenida por el diario Le Monde de París, y coordinado por el Proyecto de Reportería de la Corrupción y el Crimen Organizado, OCCRP.
En febrero de 2021, el Fiscal General de Venezuela, designado por la Cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, anunció el inicio de una investigación para establecer y sancionar responsabilidades respecto a la participación de la empresa española Ingelec en una trama de pago de sobornos a exfuncionarios del gobierno venezolano con la finalidad de obtener adjudicaciones públicas. En el entramado estaría involucrado Alvarado.
Varios años antes, en marzo de 2015, Alvarado había sido denunciado en Venezuela junto a Nervis Villalobos, por la contratación irregular de Duro Felguera para la construcción de una central termoeléctrica en el estado Miranda. Sin embargo, la orden de aprehensión y las medidas solicitadas por los fiscales fueron anuladas de oficio por un tribunal de primera instancia. Tras esta nulidad los fiscales presentaron un avocamiento ante la Sala de Casación Penal y un amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ambos desistidos al poco tiempo de haber sido presentados, y aprobado el desistimiento por ambas salas.
Actualmente Alvarado se encuentra en España, ese país rechazó la solicitud de extradición que hizo la justicia de Estados Unidos y aún no ha respondido a la solicitud de extradición presentada por Venezuela.