En la decisión del Juzgado de Instrucción N°003 de Madrid se omitió la vinculación que ha tenido María Lila Bravo de Rincón con al menos tres empresas, una de ellas señaladas de malversar fondos de Pdvsa a través de la venta de sistemas de seguridad

Transparencia Venezuela, 11 de julio de 2023.- La jueza de la Audiencia Nacional de España, María Tardón, a cargo de la macroausa judicial que investiga el presunto blanqueo de dinero de Pdvsa, volvió a tomar dos decisiones polémicas. En la primera de las cuatro piezas que integran este proceso, decidió librar de responsabilidades a María Lila Bravo de Rincón – esposa del empresario Roberto Rincón Fernández– convicto y confeso en Estados Unidos por corrupción en Venezuela y negó, además, tomar testimonio a Nicolás Maduro. 

La jueza Tardón es la misma que acordó en 2022 cerrar un proceso judicial contra Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica, que también era investigado en la macrocausa. Entonces la decisión fue catalogada como una muestra de la falta de interés de la jueza en los casos de Gran Corrupción en Venezuela que han facilitado el desfalco de miles de millones de dólares y afectado la vida de los ciudadanos. 

Las nuevas decisiones no dejan de resultar extrañas. En el caso de María Lila Bravo de Rincón, el 11 de junio de 2023, la jueza Tardón dictó el sobreseimiento provisional a su favor por considerar que “No se ha evidenciado la intervención personal directa ni indirectamente de la Sra. Bravo, más allá de la imputación que colectivamente se efectúa a los beneficios obtenidos por la familia Rincón, o en su caso, por su condición de esposa y madre de los investigados Roberto Enrique Rincón Fernández y José Roberto Rincón Bravo y sus empresas, en las que tampoco se ha evidenciado titularidad ni participación alguna”, señala parte del auto. 

Aunque para Transparencia Venezuela no es posible determinar cuáles empresas se encuentran involucradas en la trama investigada por la Audiencia Nacional, llama la atención que la jueza española omitió mencionar la vinculación de Bravo de Rincón con varias empresas creadas en Venezuela, Estados Unidos e Islas de Nevis, que han sido relacionadas con el caso. 

Bravo de Rincón ejerció el cargo de primera vicepresidenta en la empresa Tradequip C.A., señalada en España de desfalcar a Pdvsa a través de la venta de sistemas de seguridad. Además, en la sentencia de sobreseimiento fue vinculada a la compañía Rush Cut Developers S.A., cuyo domicilio fiscal es P.O.Box 556, Main Street, Charlestown, Isla Nieves.  

La mujer también ejerció el cargo de directora en la empresa Unit 45c Holding, LLC , que en 2015 adquirió un apartamento ubicado en Nueva York, valorado en USD 17.000.000.  

El proceso que se llevó a cabo contra su esposo, Roberto Rincón en el Distrito Sur de Texas, Estados Unidos aportó otros datos que vincularían a María Lila Rincón. Según un documento definitivo de decomiso, de fecha 14 de diciembre de 2022, se ordenó que María Lila Bravo de Rincón y las empresas Skyes Investment Limited, Chapel International Limited, y Camelot Finance Limited fuesen declaradas en mora.  

Ante estos hechos, Transparencia Venezuela hace énfasis en que, aunque la opinión general es que la tarea principal de un juez es tomar decisiones, en realidad, esta sería la segunda. La primera es darse cuenta y tomar conciencia de cómo fueron los hechos que se deben juzgar.  No puede dejar de lado la juez, la enorme cantidad de indicios acreditados en la investigación y solo argumentar que Rincón de Bravo se limitó a disfrutar lo obtenido por la familia Rincón. Este razonamiento, no es completo ni exhaustivo y está lejos de una verdadera justicia.  

El joyero de María Lila  

María Lila Bravo de Rincón está siendo investigada en España desde hace más de cinco años. En junio de 2018, la esposa de Roberto Rincón Fernández y su hijo, José Roberto Rincón Bravo, fueron detenidos en Madrid por funcionarios expertos en delitos económicos de la Policía Nacional por su supuesta vinculación con el blanqueo de capitales.  

Según el hallazgo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal en una de las propiedades, Bravo de Rincón tenía en su poder un joyero valorado en 12 millones de euros: solo un anillo tenía un costo de 3 millones de euros y otro de 2,5 millones de euros.  

Luego de su detención, el Juzgado de Instrucción N°27 de Madrid imputó a Bravo de Rincón por blanqueo de capitales, tras concluir que los bienes incautados habían sido adquiridos con dinero ilícito, que venía de Pdvsa. Sin embargo, fue puesta en libertad.  

Maduro no declarará en la causa sobre Pdvsa en España 

La otra decisión tomada recientemente por la jueza española toca directamente al primer mandatario venezolano. Tardón consideró que Nicolás Maduro no aportaría “información -relevante para el adecuado esclarecimiento de los hechos”, por lo que rechazó que rindiera testimonio en el expediente sobre supuesto lavado de dinero de Pdvsa en España. 

El pronunciamiento que releva a Maduro de prestar testimonio “como testigo o investigado”, también involucra a César Rincón Godoy, exgerente de la filial de Pdvsa, Bariven, de acuerdo a un auto del Juzgado Central de Instrucción N°003 de Madrid, que desestimó la solicitud de uno de los señalados, el exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa. 

En el petitorio, Alvarado Ochoa argumentaba que, tanto Nicolás Maduro, en su condición de director miembro de la Junta Directiva de la estatal petrolera en 2012, como César Rincón Godoy, serían responsables de los hechos que se investigan, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) española de junio de 2022. De hecho, se señala que la firma de Rincón Godoy está plasmada en varias de las irregulares operaciones de compra que suman USD 615 millones. Aun así, la jueza Tardón calificó de “vaga, imprecisa e injustificada” la referencia y destacó que son innecesarias para la resolución del caso.  

En marzo de 2018, César Rincón Godoy fue extraditado de España a Estados Unidos y al mes siguiente se declaró culpable ante la Corte del Distrito Sur de Texas de participar en un esquema de lavado de dinero que involucró cobro de sobornos pagados por los propietarios de empresas creadas Estados Unidos a funcionarios de Pdvsa. Desde el 19 de abril de 2018 está en libertad, tras haber pagado una fianza fijada en USD 250.000. Rincón Godoy aún está a la espera de ser sentenciado por la justicia estadounidense.  

El desfalco a Pdvsa “fue en el extranjero” 

El ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa, también pidió a la Jueza María Tardón que Pdvsa enviara al tribunal español las actas y los acuerdos del Comité de Operaciones de la estatal que comprueban los procesos de compra, pero el juzgado desestimó alegando que los documentos no formaban parte de la investigación. 

“Tanto en lo que se refiere a la práctica de nuevos requerimientos de documentación a la querellante, PDVSA … aun cuando pudieran constituir actuaciones delictivas fuente del beneficio ilícito que vendría a blanquearse en España, no son, en modo alguno, el objeto de esta investigación. Hechos, además, por los que, a tenor del contenido de las actuaciones derivadas del resultado de la Comisión Rogatoria emitida y ejecutada por Venezuela, están siendo objeto en aquel país de diferentes procedimientos seguidos contra algunos de los aquí investigados, entre ellos el aquí solicitante”, se lee en el fallo de la jueza Tardón. 

El argumento de la jueza Tardón va en contraposición a lo previsto en el artículo 48 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que se refiere a la cooperación en las investigaciones entre los países como un instrumento eficaz en la lucha contra la corrupción. “Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los delitos comprendidos en la presente Convención”.