La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia basa la petición de extradición del exfuncionario de Pdvsa en la supuesta vinculación con el caso Andorra; sin embargo, las autoridades de ese país no lo mencionan en la investigación

Transparencia Venezuela, 29 de junio de 2023.- La justicia española está de nuevo frente a una solicitud de extradición hecha por Venezuela contra un exfuncionario de Pdvsa por el caso de Andorra, esta vez contra el exgerente de Prevención y Control de Pérdidas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ernesto Reiter Muñoz, quien no había sido requerido a pesar de que era conocido su paradero, por lo menos desde 2018. Peor aún, dos extradiciones por la causa en Andorra fueron rechazadas en juzgados españoles por el riesgo de torturas en Venezuela.

Hay otro detalle sobre la eficacia del Ministerio Público de Tarek William Saab: tendrá que demostrar en un juicio en España – para repatriar al supuesto mano derecha del exzar del petróleo, Rafael Ramírez- que su solicitud de extradición tiene fundamento, sin que sea un asunto menor que ya se haya puesto sobre la mesa la violación a los derechos humanos de los justiciables en nuestro país.

La solicitud de extradición de Reiter Muñoz hecha por Tarek William Saab, y que fue acordada el 21 de junio de 2023 por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está únicamente sustentada en su supuesta vinculación con el Grupo Salazar que participó en un esquema de lavado de dinero de Pdvsa en la Banca Privada de Andorra y que comprometió USD 4.200 millones. Sin embargo, en el mapa de involucrados en la trama que dieron a conocer las autoridades de Andorra en ese momento no aparece el nombre de este exfuncionario de la estatal petrolera, ni mucho menos cuál fue su papel en el esquema.

En su argumento ante TSJ, quedó de lado la presunta vinculación de Reiter Muñoz en el caso de la maleta con USD 800.000 que llevó el empresario Antonini Wilson desde Venezuela a Argentina, con el fin de financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007. También se obvió la acusación que lleva adelante el Distrito Sur de Texas por el desvío de al menos USD 1.000 millones de Pdvsa, caso en el que Reiter Muñoz mostró disposición de colaborar con Estados Unidos, pero luego se retractó al considerar que la fiscalía había violado la confidencialidad de su declaración.

Incluso la fiscalía venezolana no movió un dedo pese a que Rafael Ernesto Reiter Muñoz es investigado en España por blanqueo de activos provenientes de la petrolera.

La lotería de extradiciones

De acuerdo con fuentes judiciales, Reiter Muñoz estará detenido en España sin posibilidad de pagar fianza. El próximo paso es esperar a que España notifique a Venezuela la recepción de la solicitud de extradición, y a partir de allí, el Ministerio Público venezolano tiene 40 días para argumentar la entrega.

Luego, Reiter Muñoz y su abogado deberán esgrimir sus planteamientos, para dejarle la última palabra a la Audiencia Nacional, que evaluará si Venezuela puede garantizar el debido proceso al exfuncionario de Pdvsa.

No es la primera vez que el TSJ pide a España la entrega de exfuncionarios y empresarios vinculados a casos de corrupción venezolana. Según datos de Transparencia Venezuela a partir de la revisión de las solicitudes de extradición, entre 2018 y 2023, la Fiscalía de Tarek William Saab ha hecho 9 solicitudes de extradición a España contra 5 exfuncionarios de alto nivel y cuatro empresarios: Javier Alvarado Ochoa, Nervis Villalobos, José Ramón Sánchez Rodríguez, Luis Mariano Rodríguez Cabello, Rafael Ramírez, Adrián José Velásquez Figueroa, Claudia Patricia Díaz Guillén, Luis Guillermo Solórzano Hernández y Jorge Antonio Neri Bonilla.

A través de la publicación de medios de comunicación, se ha conocido que por lo menos 4 solicitudes de extradición efectuadas por Venezuela han sido rechazadas por la Audiencia Nacional española. Se trata de las acordadas contra Sánchez Rodríguez, Rodríguez Cabello, y la pareja Adrián Velásquez Figueroa y Claudia Díaz Guillén. Estos dos últimos no fueron entregados a las autoridades venezolanas, pero sí a la justicia de Estados Unidos.

Las dos primeras solicitudes se relacionan con la red de corrupción por la que se investiga a Reiter Muñoz en Venezuela. En ambos casos, la justicia española ha sustentado su negativa en el riesgo de tortura a las que podrían ser sometidos los investigados, con base en pruebas que demuestran malos tratos que han recibido Diego Salazar, primo hermano de Rafael Ramírez, y José Enrique Luongo, también señalados de participar en el lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra y detenidos en un lugar de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas, denominado ´La Tumba´.

Es probable que el caso de Reiter Muñoz corra con la misma suerte de Sánchez Rodríguez y Rodríguez Cabello debido a que España ha sido enfática en señalar la debilidad del sistema de justicia venezolano.

Las peripecias de Tarek William Saab

Con respecto a las 5 solicitudes de extradición restantes no se tiene información sobre la resolución por parte del Estado español. No obstante, 2 de esos casos de extradición llaman la atención.

El primero es el del exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, por el que existen 4 sentencias de solicitud de extradición, 2 de ellas por los mismos hechos, que son irregularidades en contrataciones públicas y lavado de dinero en Andorra.

El segundo caso es el de Javier Alvarado Ochoa, por el que existe una solicitud de “ratificación de la extradición” por parte del Ministerio Público venezolano, que fue declarada “improponible” por el TSJ el pasado 15 de noviembre de 2022, al considerar que “quebranta el ejercicio de la función jurisdiccional, normativas de procedimiento, derechos y garantías, no solo de la persona solicitada sino de la soberanía del Estado requerido”. En la sentencia de la Sala de Casación Penal se señaló que lo que correspondía era dar seguimiento al proceso de ejecución de la extradición.

Entre tanto, Reiter Muñoz sigue detenido en España desde el pasado 13 de junio de 2023. Había logrado permanecer en libertad en territorio español, pese a que España aprobó en 2019 la entrega del exfuncionario a Estados Unidos, pero primero deberá ser procesado en territorio español, por lavado de activos.