El experto independiente de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, afirmó que el programa CLAP “se ha vuelto susceptible” al clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre ni la desnutrición en el país

Transparencia Venezuela, 16 de febrero de 2024.- La ausencia de datos oficiales en materia alimentaria y la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos no solo impiden evaluar y determinar el alcance de las políticas de Estado en este sentido, sino que abren la puerta a la corrupción, afirmó el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, luego de una visita que hizo al país para evaluar el cumplimiento de este derecho humano.

“Todas las dependencias han dejado de publicar datos relevantes para el seguimiento de la situación alimentaria y nutricional en Venezuela”, señaló el experto durante una presentación a la prensa en Caracas.

Después de visitar cuatro estados y de sobrellevar cambios en la agenda impuesta por el gobierno, Fakhri señaló que no contar con estadísticas públicas dificulta atender a las poblaciones más vulnerables como niños, mujeres y privados de libertad: no hay información del sistema de supervisión alimentaria y nutricional desde 2008 y el balance alimentario está en deuda desde hace por lo menos 12 años.

De acuerdo con el seguimiento de Transparencia Venezuela, el Ministerio de Alimentación no publica informe de rendición de cuentas desde 2016. Se desconoce el presupuesto asignado y su ejecución para este año, no se publican los planes de gestión, los procesos de contrataciones, la lista de proveedores ni el monto asignado a los contratos. Tampoco se conoce si se efectúa evaluación a los programas sociales. Las más de 100 empresas propiedad del Estado registradas en este rubro, según Vendata, tampoco rinden cuentas.

Pese a la ausencia de datos oficiales, el experto independiente señaló una serie de factores que vulneran el derecho a la alimentación de los venezolanos y que constató durante sus visitas de campo. “Me quedó claro que la gente de todo el país sigue teniendo problemas para acceder a suficientes alimentos buenos y sanos, ya sea por sus bajos ingresos o porque los alimentos no llegan a su comunidad”.

Agregó su preocupación especial por los niños, las mujeres y las poblaciones indígenas. “Los niños menores de 5 años con desnutrición aguda, los adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes con bajo peso son los más afectados por la inseguridad alimentaria y nutricional. El futuro de Venezuela está en riesgo”. Además, aseguró que las autoridades no proporcionan a las personas privadas de libertad ni comida, ni agua, ni baño, ni asistencia sanitaria. “Estos centros son inhumanos y degradantes y pueden constituir tortura”, sentenció.

El relator especial de la ONU también insistió en el impacto de las sanciones internacionales sobre el derecho a la alimentación en Venezuela. Dijo que, debido al sobrecumplimiento por parte de los bancos y proveedores extranjeros, el gobierno venezolano se enfrenta a serias dificultades para importar bienes y servicios esenciales para un nivel de vida adecuado que no se producen en Venezuela, como materias primas y suministros para el sector alimentario y agrícola, así como medicamentos y suministros y equipos de salud.

“El daño lo sufren desproporcionadamente las personas que viven en extrema pobreza o vulnerabilidad. Las medidas coercitivas son crueles y despiadadas, y obstaculizan el derecho a la alimentación”.

Añadió que las decisiones adoptadas por el gobierno en respuesta a las medidas también inciden en la corrupción. “Hay un mayor uso de medidas de emergencia e instituciones para hacer frente a las sanciones que, de hecho, reducen la transparencia y crean las condiciones que propician la corrupción y la impunidad”

La visita de esta relatoría especial se registra luego de que la plataforma HUM Venezuela publicara un informe en el que estima que por lo menos 11 millones de personas usaron varias estrategias para comer durante 2023: reducir las porciones de comida, dejar de consumir una de las tres comidas diarias o comprar alimentos menos nutritivos. Al respecto, Fakhri señaló haber encontrado testimonios sobre el intercambio de sexo por alimentos.

Lo que hay detrás de los Clap

Aunque son pocos los datos que se han publicado sobre los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), la relatoría maneja que 7,5 millones de familias reciben una bolsa de comida cada 30 días. A partir de los testimonios, el experto destacó irregularidades en el funcionamiento de este programa: abastecimiento esporádico, falta de valores nutricionales, suspensión del beneficio a discreción del responsable de los CLAP en la zona y discriminación en la entrega por motivos políticos.

“Algunos beneficiarios sugieren que las bolsas de los CLAP son tratadas como una limosna caritativa y no como parte de la liberación del hambre. Los CLAP tenían buenas intenciones como ayuda humanitaria temporal del gobierno. Pero se han vuelto susceptibles a clientelismo político y no abordan las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela, ni cumplen las normas sobre el derecho a la alimentación”, sostuvo.

Desde 2017, Transparencia Venezuela ha recibido más de 800 denuncias relacionadas con irregularidades en el funcionamiento del programa CLAP. Algunas de ellas tienen que ver con sobreprecios, productos en mal estado, reventa de alimentos, ausencia de rendición de cuentas y uso de la bolsa de comida con fines electorales.

Una encuesta realizada por nuestra organización entre julio y septiembre de 2023 da cuenta de que en la mayoría de las bolsas no hay proteínas; prevalece el arroz y la pasta.

¿Qué hay de las investigaciones sobre corrupción en alimentos?

De 261 investigaciones de Gran Corrupción registradas en Corruptómetro, al menos 30 están vinculadas con el sector alimentación: 10 han sido abiertas por el Ministerio Público venezolano, pero el estatus actual de la mayoría se desconoce porque no se publican los avances ni se tiene certeza de posibles enjuiciamientos. Los otros 20 casos se han abierto en Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Ecuador, México y Portugal.

Bajo el amparo de acuerdos binacionales y contratos asignados a dedo se han comprometido por lo menos USD 5.400 millones de la República. Algunos de los casos que se siguen en la justicia internacional se han archivado luego de que Venezuela no respondiera a las solicitudes de información de los otros países.

Recomendaciones de la ONU

En un año aproximadamente, el relator especial deberá consignar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe detallado con los hallazgos durante su visita a Venezuela, que duró 14 días. Pero antes instó al gobierno de Nicolás Maduro a que aumente la transparencia pública y garantice el acceso a la información sobre las políticas alimentarias y publique regularmente datos precisos y verificables. Esto también incluye garantizar la rendición de cuentas en la implementación de programas relacionados con el derecho a la alimentación y los medios de subsistencia en Venezuela.

También recomendó al gobierno que garantice que las transacciones de las empresas privadas sean justas y transparentes, y que se refuerce la transparencia del sistema de contratación mediante el refuerzo de la normativa y los mecanismos relativos a los conflictos de intereses.