Transparencia Venezuela, 4 de octubre de 2024. La viuda del exdirectivo de Pdvsa, Juan Carlos Márquez, encontrado ahorcado en Madrid luego que declaró ante un juez español en 2019, y un socio de éste serán juzgados por defraudar la Hacienda Pública española y por lavado de dinero, a solicitud de Francisco de Jorge, titular del Juzgado Central de Instrucción Uno de la Audiencia Nacional, al tiempo que los hijos del exfuncionario venezolano se exponen al decomiso de sus bienes a petición del Ministerio Fiscal.
Se trata de una pieza separada del expediente vinculado con el proceso contra el exembajador de España en Venezuela (2004- 2007) Raúl Morodo, quien es investigado junto a su hijo Alejo Morodo por haber recibido presuntamente de manera irregular casi 4,5 millones de euros de Pdvsa.
La justicia española informó que el señalamiento recae sobre Ana K.U., viuda del directivo de PDVSA fallecido Juan Carlos Márquez Cabrera y al socio de este, Carlos A.P, identificados por agencias de noticias como Ana Korina Ulloa y Carlos Adolfo Prada, quienes enfrentarán dos delitos contra la Hacienda Pública, un delito de falsedad documental y un delito de blanqueo de capitales.
Las ganancias no justificadas provenientes de Pdvsa
En su comunicado, el Poder Judicial español señala los hechos, reservando la identidad de los procesados. De allí se desprende lo siguiente:
Entre 2007 y 2015, Carlos Adolfo Prada y el entonces secretario de Entes corporativos de Pdvsa, Juan Carlos Márquez Cabrera, se dedicaban a prestar servicios de asesoramiento legal e intermediación a la petrolera “por los que ingresó en 2014 y 2015 la cantidad de 22.660.195 euros.”
En 2012 la viuda de Márquez Cabrera, Ana Korina Ulloa, habría participado en transferencias de cuentas en el extranjero de fondos irregulares “por facilitar un negocio cambiario ilícito en Pdvsa”. El comunicado señala que la idea era “dar apariencia de legalidad a esos fondos” para lo cual se usó un “complejo entramado societario y financiero en San Vicente, Las Granadinas, Suiza y Panamá”.
En 2013 Prada firmó un acuerdo con Márquez Cabrera “por el cual éste recibiría el 50% de los ingresos obtenidos por el investigado”.
Entre 2014 y 2015 Prada además de las rentas percibidas de Pdvsa “obtuvo unas ganancias no justificadas de 246.849 euros que también ocultó a la Hacienda Pública española”.
Entre 2013 y 2019 los señalados habrían otorgado “contratos simulados de préstamos en los que sus sociedades se interponían como prestamistas o prestatarias y realizaron otras inversiones”.
Los fondos que habrían recibido se calculan en USD 2.165.276, y una parte de estos recursos, de acuerdo al juez Francisco de Jorge, fueron a parar a cuentas en bancos suizos de “personas interpuestas” hasta que llegaban a la cuenta de la Fundación Ayacucho, registrada en Panamá, “cuyo beneficiario era el fallecido Juan Carlos Márquez Cabrera y, en su defecto, sus hijos”.
El juez señaló que las sociedades instrumentales utilizadas para eludir al fisco español eran “carentes de medios personales y materiales, así como de actividad comercial para facturar servicios”.
