Daniel Benítez
Si se trata de corrupción, la aplicación de la justicia en Venezuela es discrecional. Se distancia de la proclamación que hiciera el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab en agosto de 2020, cuando aseguró que la lucha contra la corrupción ha sido una de las banderas del órgano garante de la legalidad desde que inició su período como máxima autoridad del organismo.
“Si hay algo que ha caracterizado a nuestra gestión ha sido la lucha contra la corrupción en todas su formas, empezando por casa”, recalcó al cumplir su tercer año al frente del Ministerio Público.
Pero la fiscalía general y los tribunales venezolanos demuestran lo contrario. Estas instancias solo se han encargado de combatir pequeños casos y se han olvidado de los escandalosos desfalcos a la Nación de mayor dimensión. Este análisis se desprende del Corruptómetro, herramienta interactiva desarrollada por Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) formada por El Pitazo, Runrunes y Tal Cual y la plataforma de periodismo regional Connectas para identificar el entramado de la llamada gran corrupción en el país con ramificaciones internacionales.
En la base de datos que recopila información oficial de organismos contralores y judiciales de Venezuela y otras naciones, aparecen 869 funcionarios y contratistas del Estado investigados judicialmente por corrupción, de los cuales se precisa que 540 personas son investigadas en el país. Sin embargo, la mayoría de esos casos corresponden a apropiaciones de menor cuantía y alcance, no por montos exorbitantes que sí son vigilados por tribunales extranjeros.
De hecho, de los 328 funcionarios investigados alrededor del mundo, solo 15 exfuncionarios y excontratistas son pesquisados también en Venezuela. Con una distinción: estos contados actores están en la mira de la fiscalía venezolana por tener diferencias o haber roto con los altos jerarcas del chavismo.
869 funcionarios o empresarios son investigados a nivel internacional, de los cuales 540 tienen investigaciones en Venezuela
Guillermo Tell Aveledo, politólogo y decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana, explica que el hecho de que algunos funcionarios de alto rango, como el caso de Rafael Ramírez, sean investigados en el país obedece a que se distanciaron del chavismo. “Si ellos no les hubiesen resultado incómodos al chavismo, lo más probable es que la gran mayoría no serían investigados. En otras palabras, investigan o detienen a los que disienten de ellos”.
La mayor prueba de esta omisión queda en evidencia con el hecho de que los 328 venezolanos investigados alrededor del mundo en casos como el de la constructora Odebrecht, la filtración de los Panama Papers o la Operación Money Flight, se encuentran paralizados, no se ha informado ningún avance o simplemente no se ha iniciado una investigación.
Especialistas explican que ese 36% de casos que son investigados por instancias internacionales, no se investigan en Venezuela porque puede perjudicar a autoridades del gobierno.
“El tema de la legitimación de capitales en Venezuela es que la corrupción proviene de los altos funcionarios del gobierno. Por eso es que se hacen la vista gorda y no investigan los casos internacionales, grandes o escandalosos. Aquí lo que ocurre es una justicia selectiva, donde se protege a los altos funcionarios que son fieles al Gobierno”, afirma Caroll Benítez, abogada especialista en legitimación de capitales.
SECTORES Y DELITOS MÁS COMUNES. La corrupción en Venezuela es considerada alta para los estándares mundiales. Aunque es una variable difícil de medir de forma precisa, actualmente Transparencia Internacional ubica a Venezuela como el país con mayor índice de percepción de corrupción en América y el Caribe, y en el quinto lugar en el mundo en 2019.
Este índice combina datos de una variedad de fuentes distintas que recogen las percepciones que tienen empresarios y especialistas de países sobre los niveles de corrupción en el sector público. Los datos recogidos se llevan a una misma escala de 0 a 100, donde 0 equivale al nivel más alto de corrupción, y 100 implica el nivel más bajo.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción hecho por Transparencia Internacional en 2018, Venezuela ocupó el lugar 168 entre 180 países y el registro en el 2019 lo lleva a la casilla 176, con una caída de ocho puestos, que evidencia el desempeño negativo del gobierno de Nicolás Maduro en la lucha contra la corrupción.
En Venezuela, en el Ministerio Público y los tribunales ha reinado la opacidad dificultando la posibilidad de determinar cuáles son los entes más vulnerables y los patrones más comunes al momento de meterle mano al patrimonio público.
No obstante, en la plataforma del Corruptómetro se evidencia que el sector petrolero es el nicho por excelencia para la corrupción. Representa el 81% del dinero envuelto en corrupción en Venezuela.
Los entes del Estado donde existen más casos son: Pdvsa con 84, seguido por Corpoelec y los cuerpos de seguridad, ambos con nueve.
Pdvsa es el organismo donde más se han cometido hechos de corrupción con un total de 84 casos
“El petróleo es visto como el sostén económico del país, ha empeorado la situación de corrupción pública y privada. En la empresa petrolera venezolana es donde han ocurrido los mayores desfalcos al país. Es un lugar muy atractivo por la cantidad de dinero que se puede llegar a mover”, dice Pablo Verdú, abogado penalista con experiencia en prevención de legitimación de capitales.
Los delitos más frecuentes en Venezuela asociados a la corrupción son: asociación para delinquir (46 casos), agavillamiento (21) y peculado doloso propio (20). Mientras que fuera del país son: legitimación de capitales (47), soborno (25) y asociación para delinquir (7).
Verdú afirma que estos son los delitos más comunes tipificados en la legislación nacional e internacional. “Lo normal es que en Venezuela te acusen de crear redes para realizar actividades ilegales, por eso es la asociación para delinquir y el agavillamiento. Por su parte, el peculado doloso es el dinero que se le da a un funcionario por el cargo que posee y del que termina apropiándose. Eso es lo que generalmente ocurre en el país”.
Agrega que la legitimación de capitales y los sobornos son las acusaciones que más se repiten en el exterior, debido a que los empresarios o funcionarios intentan otorgarle legalidad a los recursos que entra en el país receptor. “Para que ese dinero llegue y permanezca bajo perfil en otros países casi siempre es necesario pagar sobornos”.
SOLO 15 CASOS INVESTIGADOS EN EL EXTERIOR INTERESAN AL GOBIERNO. De las 328 personas que son investigadas en el mundo, solo 15 tienen investigaciones a nivel nacional.
El empresario Carlos Enrique Urbano Fermín; Eudomario Carruyo, exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa; Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo; Fidel Ramírez, hermano de Rafael Ramírez; Diego Salazar Carreño, primo de Rafael Ramírez, Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo Eléctrico y expresidente de Bariven; Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica; Sarah Alicia Moya Machado, exgerente general de Pdvsa Gas Colombia, Claudia Díaz, enfermera de Hugo Chávez y extesorera de la nación; Adrián Velásquez, exguardaespaldas de Chávez; Alejandro Andrade, extesorero del país; Luis Mariano Rodríguez Cabello, abogado y representante de empresas de Diego Salazar; Luis Carlos De León Pérez, exdirector de Finanzas de la Electricidad de Caracas; Estibaliz Basoa de Rodriguez, representante de una cuenta en el Banco de Andorra en la cual se registraron movimientos de dinero en montos millonarios de contratistas de Pdvsa; Bernard Mommer de Grave, exrepresentante de Venezuela ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y exviceministro de Hidrocarburos del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo son acusados e investigados al interior y exterior de Venezuela.
ARInvestiga envió una solicitud de entrevista al Ministerio Público para conocer el estatus de estos casos, pero hasta el momento de la publicación no se obtuvo respuesta.
Desde 2006, estos empresarios y funcionarios son investigados por la fiscalía, tribunales o el parlamento en Venezuela por corrupción en el sector petrolero. Están involucrados en el desfalco de más de 16.200 millones de dólares a la nación.
Estos casos, aunque apenas representan 4,8% de los investigados por la justicia de otros países, han sido mediáticamente escandalosos. “Por lo general, el chavismo tiene una tendencia a mostrar como trofeos a aquellas personas que rompen con ellos y logran investigar y detener”, explica el politólogo Tell Aveledo.
Para Tell Aveledo, que un caso sea escandaloso o no, dependerá del cargo o la cercanía con los altos funcionarios del gobierno y de la cobertura que se haga
Los hermanos Ramírez, Nervis Villalobos, Javier Alvarado, Sarah Moya Machado y Eudomario Carruyo, Luis Rodríguez Cabello, Luis Carlos De León, Estíbaliz Basoa y Diego Salazar coinciden en el mismo caso internacional: el lavado de activos en el Banco de Andorra. En 2018, la Sala de Casación Penal le dio entrada al expediente del Tribunal Sexto de Primera Instancia de Control del Área Metropolitana de Caracas, para activar la extradición de exfuncionarios venezolanos. Asimismo, Tarek William Saab, solicitó a España la extradición de Alvarado y Villalobos. También dictó orden de aprehensión contra Moya Machado por el desfalco a Pdvsa Gas Colombia. De igual forma, anunció que se investigaría a Carruyo por el caso de Andorra.
Además, Carruyo tiene una investigación parlamentaria abierta en Venezuela por la compra de un taladro de perforación de tierra chino que se pagó con sobreprecio, dejando un desfalco de 43 millones de dólares.
El caso de Alejandro Andrade ocupó también el interés de la Fiscalía en 2018, casi un año después que su nombre fuera centro de investigación en Estados Unidos. Es señalado por irregularidades en la venta de bonos de la Nación y el desvío de fondos del Bandes hacia la banca privada. El despacho de Saab pidió el bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias, orden de allanamiento a sus propiedades y confiscación de bienes.
En la misma línea de acción el Ministerio Público, solicitó la extradición desde España de Claudia Díaz y de Adrián Velásquez, cónyuge de Díaz, acusados de poseer siete empresas off-shore.
Otros con investigaciones parlamentarias en Venezuela son Javier Alvarado, quien es acusado de recibir 56 millones de dólares en contratos con sobreprecios con empresas chinas; y Bernard Mommer, Rafael Ramírez y Eudomario Carruyo por irregularidades administrativa por la adquisición de un taladro de perforación con un sobreprecio de 43 millones de dólares.
Alvarado también es procesado fuera de Venezuela. En España ha sido acusado de recibir junto a otros funcionarios 105 millones de dólares para favorecer a la empresa Duro Felguera durante su gestión en la Electricidad de Caracas en 2009 mientras que en Estados Unidos lo señalan por cometer delitos de blanqueo de capitales por un monto de 1.000 millones de dólares. A Urbano Fermín se le acusa de pagar sobornos para que sus empresas no fueran investigadas. A Rafael Ramírez la corporación Harvest lo acusó del intento de soborno por 10 millones de dólares para aprobar una transacción para que la empresa pudiese vender sus activos en Venezuela. A Fidel Ramírez se le vincula con un proceso judicial en Nueva York desde 2018, donde se le menciona como el receptor de ocho millones de dólares en remesas producto del lavado de dinero.
“La Contraloría General de la República, controlada por la administración de Chávez y Maduro, no cumple con su deber de supervisar y aplicar las sanciones administrativas contra aquellos que manejan la administración pública”, dice Benítez.
Hay casos de corrupción que las autoridades en Venezuela prefieren no mencionar.
El Ministerio Público venezolano deja por fuera grandes casos de irregularidades administrativas con venezolanos implicados como los Panamá Papers, la filtración informativa de documentos confidenciales del bufete panameño Mossack Fonseca, donde aparecen compañías inscritas en este paraíso fiscal con el objetivo de ocultar la identidad de los propietarios.
El organismo no menciona la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la constructora brasileña Odebrecht en la que se habrían pagado sobornos a funcionarios de 12 países, entre ellos Venezuela. En octubre de 2017, se dio a conocer un video donde el exdirector de Odebrecht, Euzenado Prazeres de Azevedo, declaró a la Procuraduría General de Brasil, que Maduro había recibido 35 millones de dólares para financiar su campaña presidencial en 2013.
Tampoco habla de la llamada Operación Money Flight, un desfalco a Pdvsa de 1.200 millones de dólares. De acuerdo a la acusación de la Fiscalía de Florida, 22 exfuncionarios de Pdvsa, banqueros, empresarios de maletín y otros, suscribieron contratos de financiamiento con Pdvsa, pagando sobornos a funcionarios de la empresa petrolera. O del caso de Francisco Illarramendi, el asesor de finanzas de Pdvsa, quien fue sentenciado a 13 años de prisión en Estados Unidos por un fraude piramidal por $500 millones, en el que gran parte del dinero pertenecía al Fondo de Pensiones de la estatal venezolana.
La especialista en legitimación de capitales Caroll Benítez explica que puede existir quizás una política sin mafia, pero no una mafia sin política. “Las mafias son organizaciones de poder vinculadas estrechamente al poder político. La corrupción tiene aliados de turno, igual que los tiene el lavado de dinero”.
Saab aseguró, en agosto, que su despacho libra una lucha contra la corrupción. Sin embargo, el tiempo dice que no ha sido así, donde no se conoce el curso de las investigaciones, y la justicia internacional ha revelado la participación de funcionarios del Gobierno venezolano que no consiguieron en otros países la impunidad que les ofrece la justicia venezolana.
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