Luisa Quintero
En junio de 2019, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, anunció que estaba en una “lucha sin cuartel” contra la corrupción, al ejecutar una serie de acciones para el procesamiento de jueces, funcionarios del Ministerio Público (MP) y de empresas estatales como Petróleos de Venezuela (Pdvsa) bajo este tipo de delito.
Catorce meses después, el fiscal Saab alardeó sobre las acciones ejecutadas en materia de corrupción y delitos relacionados durante tres años de gestión: 10.299 imputaciones y 2.028 acusaciones a personas por delitos de corrupción de las cuales 1.741 fueron condenadas. En aquella rueda de prensa del 7 de agosto de 2020, también destacó que 200 funcionarios del MP habían sido investigados y 173 de ellos judicializados y que además 21 tramas de corrupción en la industria petrolera fueron desmanteladas, por las que se procesaron 103 funcionarios de Pdvsa y sus filiales.
Pero ninguno de esos casos enumerados por Saab corresponde a las millonarias tramas de irregularidades administrativas como el caso de la Operación Money Flight que implicó el desfalco en Pdvsa de 1.200 millones de dólares, o la conspiración en Corpoelec gestada entre el exministro de Energía Eléctrica, general Luis Motta Dominguez y el empresario Jesús Ramón Veroes que incluye $60 millones en contratos a favor de sobornos. Ambas causas no son procesadas en Caracas sino en Estados Unidos. La llamada gran corrupción en Venezuela casi no es investigada judicialmente en el país, mientras se procesan pequeños o medianos casos, de los cuales además se desconoce la cuantía en daños al patrimonio público.
Transparencia Internacional define la gran corrupción como “el abuso de altos niveles de poder que beneficia a pocos a las costas de la mayoría y causa daños profundos y diseminados a individuos y a la sociedad. Y por lo general queda impune”. La descripción se amolda a Venezuela si se toma en cuenta lo antes mencionado.
José Manuel Puente, economista y profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), asegura que el país nunca había manejado tantos recursos, “pero además nunca habíamos tenido tanto dinero sin control; básicamente todos los controles institucionales han desaparecido. La Asamblea Nacional, que es el primer órgano contralor ya no revisa ni controla el presupuesto nacional, la Contraloría General perdió potestades, capital humano y, la contraloría social es casi inexistente”.
Por ingresos producto del boom petrolero durante el periodo 2004 – 2014, además de lo recibido desde 1999, Puente calcula que a Venezuela ingresó un monto cercano al billón de dólares (un millón de millones). Gran parte de ese dinero fue a parar a entramados, se extrajo por diferentes vías para ser encubierto, lo que impide su recuperación.
El economista estima que se podría recuperar mucho menos de 50% de lo robado al país. “Capaz se podrán recuperar 5 mil millones de dólares (…) Insisto, nunca tuvimos tantos recursos pero sin ningún control y manejado con total opacidad. Por eso muchos decimos que los gobiernos de los últimos 20 años han sido los más corruptos de la historia, no porque esté dentro de su naturaleza u otros gobiernos no lo hayan sido, es por el manejo discrecional de los fondos”.
En Venezuela, la industria petrolera no ha sido la única fuente de corrupción y gran corrupción. La abogada Mildred Rojas, coordinadora de estrategia jurídica de Transparencia Venezuela, señala que entre los casos más importantes en cuanto a cantidad de dinero involucrado, apartando los que se ha visto envuelta la petrolera estatal, se encuentran la empresa brasilera Odebrecht, el caso del exviceministro de Energía Eléctrica Nervis Villalobos y el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), compras con sobreprecios de equipos médicos, la trama que involucra a la Oficina Nacional del Tesoro, y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
“Hay otros casos muy importantes como el de la exministra de Salud Eugenia Sader (2010-2013) y la corrupción con la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (Fundeeh) o los fideicomisos a Argentina”, menciona Rojas.
El caso de Eugenia Sader es uno de los más relevantes de la poca efectividad de la lucha anticorrupción que ha llevado la “revolución bolivariana”. La coronela y pediatra fue acusada en junio de 2014 por el Ministerio Público, en ese entonces controlado por Luisa Ortega Díaz, por irregularidades en la compra, mantenimiento y reparación de equipos para el tratamiento de pacientes con cáncer, a través de un convenio firmado con el gobierno de Argentina; así como en los contratos y construcción de seis hospitales en el país. Los recursos involucrados en este caso superan los 1 mil 552 millones de dólares.
Procesada por los presuntos delitos de peculado doloso propio, sobregiro presupuestario y asociación para delinquir, ese mismo año el Tribunal 52° de Caracas ordenó la congelación de sus bienes, al igual que los de su hijo, Eugen Bejarano Sader, a quien también se involucró en esta trama de corrupción al tener un cargo como directivo en la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (Fundeeh). En 2015 esa medida fue revocada por la Sala Constitucional del TSJ, que ordenó a la Sala de Apelaciones dar una nueva sentencia. El paradero de los Sader o el estatus de las investigaciones en su contra se desconocen hasta la fecha.
Ese es el caso del exviceministro de Energía Eléctrica Nervis Villalobos, que se encuentra solicitado en Estados Unidos, tiene procesos abiertos en España, Andorra y Portugal. También sucede con los exfuncionarios de la Oficina Nacional del Tesoro Claudia Díaz y Alejandro Andrade, este último cumple una condena en territorio norteamericano y colaboró con la justicia”.
Pero el exdirector de actuaciones procesales del Ministerio Público, Zair Mundaray, recuerda que la justicia venezolana no siempre procesa a funcionarios relacionados con el Ejecutivo, pese a ser acusados por la Fiscalía. Contra la exministra Sader se realizaron dos solicitudes de aprehensión, además de la medida de congelamiento de bienes, “y el Tribunal Supremo de Justicia la mandó a levantar”.
En el caso de Nervis Villalobos, fue el Tribunal 37 de Control y la Corte de Apelaciones los que ordenaron la anulación de una medida privativa de libertad, al igual que con Claudia Díaz, recuerda el exfiscal.
PDVSA ROJITA Y CORRUPTA. La estatal Petróleos de Venezuela ha funcionado, tanto para el régimen de Nicolás Maduro como a los gobiernos del fallecido Hugo Chávez, como una especie de caja chica sobre la cual se ha basado la economía nacional. Sobre Pdvsa pesa además un alto endeudamiento externo lo que ha comprometido el funcionamiento y mantenimiento de la industria petrolera.
El Corruptómetro, una plataforma interactiva desarrollada por Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y Connectas para conocer el entramado de la gran corrupción en el país, pone a Pdvsa en primer lugar de corrupción en cuanto a sector económico, entes y recursos en dólares involucrados.
Tan solo la industria petrolera reúne 92 casos de corrupción y gran corrupción, lo que representa 81% del total del patrimonio público envuelto. Estos casos muestran daños patrimoniales al Estado estimados en poco más de $42 mil 322 millones de un total de $52 mil 98 millones.
Si se compara con el Producto Interno Bruto venezolano para 2020, calculado en $48 mil 610 millones, la malversación de fondos en el sector petrolero representa 87% del PIB actual.
Como se destaca en la historia “La corrupción en Venezuela se mide en millones de barriles”, el primer caso de gran corrupción que identifica el Corruptómetro sobre la estatal, es el de Pdvsa Litigation Trust, el cual reúne el mayor monto dentro del área petrolera con $10 mil millones de la República en juego. Este fideicomiso que habría sido creado por el exministro Nelson Martínez, junto al procurador Reinaldo Muñoz y el abogado David Boieis para atender una serie de demandas donde estaba involucrada la estatal y que reportarían a los abogados 60% del monto total que se lograra recuperar dentro de las cortes estadounidenses.
El Corruptómetro también destaca la trama que involucra al Banco Espiritu Santo en Portugal, debido al desvío de fondos de Pdvsa por $4 mil 803 millones.
Dentro de esta lista se deben incluir los acuerdos que involucran a la filial en EEUU, Citgo Corporation por un monto que involucra también recursos por $4 mil millones; la operación Money Flight o el fondo Alba-Petrocaribe.
Otra trama significativa de hechos irregulares involucra a Bariven, una filial de la estatal encargada de la compra de insumos internacionales. Según la Fiscalía venezolana, se registró sobreprecio entre 100% y hasta 98.000% en contratos, por lo que se ordenó una docena de arrestos, entre ellos el de Francisco Jiménez, expresidente de Bariven detenido en noviembre de 2017 y del cual se desconoce su estatus.
FINANZAS OSCURAS. El sector financiero ocupa el segundo puesto con la mayor cantidad de casos involucrados según conteo del Corruptómetro. Dieciocho tramas investigadas por esta herramienta involucran delitos como corrupción, peculado doloso, uso o forjamiento de documento público, donde se comprometió la significativa suma de $3 mil 282 millones de dólares.
El principal ente público dentro del sector financiero afectado por la corrupción es el Banco Central de Venezuela (BCV), donde se identifican ocho casos. Una de las pocas tramas que ha investigado el Ministerio Público y que afecta al ente emisor es un desfalco por una supuesta compra de cauchos para esta institución. Las autoridades lograron determinar que el jefe del Departamento de Pagos y Tributos, junto a dos subalternos, simuló documentos para la adquisición de este tipo de bienes, que nunca fueron aprobados.
Tres empresas estuvieron involucradas en esta operación, y recibieron siete pagos por un monto cercano a $1,7 millones. El fiscal Saab indicó en enero de 2020 que hay ocho personas detenidas por estos hechos de corrupción, entre ellos tres trabajadores del BCV, aunque se desconoce también el estatus del juicio.
Dentro del sector financiero también se incluyen todos los procesos de licitaciones, adjudicaciones y beneficios otorgados por medio de la Oficina Nacional del Tesoro. En este punto se debe mencionar a Claudia Díaz, su esposo Adrián Velásquez Figueroa o Alejandro “el Tuerto” Andrade.
Díaz, quien fuera enfermera del fallecido Hugo Chávez, es investigada dentro y fuera de Venezuela por blanqueo y enriquecimiento ilícito a partir de operaciones financieras mientras ejercía como cabeza de la Oficina Nacional del Tesoro y del Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional). Tanto ella como su esposo -Adrián Velásquez Figueroa- aparecen mencionados en los Panamá Papers, una filtración de documentos donde se muestra como el bufete Mossack Fonseca ayudó a sus clientes para resguardar sus activos a través de empresas off shore y colocación de dineros en paraísos fiscales.
El 30 de octubre de 2020, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa fueron acusados en una corte del sur de Florida, Estados Unidos, bajo los cargos de conspiración y lavado de dinero. La Fiscalía señaló que la extesorera y su esposo aceptaron poco más de $73 millones, depositados en cuentas de Suiza y Miami, en sobornos por parte del empresario Raúl Gorrín para darle acceso al sistema de cambios de divisas venezolano (Cadivi). “El Tuerto” Andrade también estuvo involucrado en este esquema antes que Claudia Díaz, y paga actualmente condena por esos mismos delitos.
TRAMA ELÉCTRICA. Nervis Villalobos es un nombre que aparece recurrentemente al hablar de corrupción en Venezuela. Está involucrado en ocho casos registrados por el Corruptómetro y sobre él pesan siete investigaciones en instancias internacionales. El ex viceministro de Energía Eléctrica actualmente se encuentra en España, y colaboró con la justicia de ese país debido a un juicio en su contra por legitimación de capitales, por una denuncia de malversación de fondos destinados a atender la emergencia eléctrica del país.
La Fiscalía española lo acusa desde 2017 como responsable del blanqueo de 53,4 millones de euros de procedencia ilícita tras pasar el dinero por cuentas bancarias de Andorra, Chipre, República Checa, Panamá o Suiza. También le atribuyeron un patrimonio compuesto por inmuebles en Marbella o un chalé en La Moraleja (Madrid), según el departamento Anticorrupción.
Sobre Villalobos también pesan investigaciones en EE.UU, que según él mismo ha explicado, están relacionadas con su presunta participación en hechos de corrupción sobre Pdvsa, y donde también estaría involucrado Alejandro Andrade (exjefe de la Oficina Nacional del Tesoro), quien se declaró culpable de haber recibido más de mil millones de dólares en sobornos y paga una condena de 10 años de prisión desde 2018 en ese país.
Otro de los nombres que se mencionan con mayor frecuencia en el Corruptómetro es el de Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo Eléctrico, quien tiene cuatro investigaciones internacionales y una nacional pendientes en su contra. La principal de ellas se encuentra radicada en España, donde este ingeniero eléctrico es juzgado por blanqueo de capitales, a partir de un operativo realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal contra altos funcionarios de Pdvsa o empresarios que obtuvieron, a través de la estatal y sus filiales, grandes sumas de dinero por medio de sobornos, adjudicaciones y licitaciones amañadas así como pagos que luego eran invertidos en inmuebles y propiedades.
Estados Unidos también solicita al expresidente de Bariven por blanqueo y conspiración para legitimación de capitales, aunque España ha denegado su extradición debido a la nacionalidad española de Alvarado y que tiene causa judicial pendiente en ese país.
LO QUE SE JUZGA Y DEJA DE JUZGAR. Los organismos encargados de investigar la corrupción en el país se han enfocado en pequeños o medianos casos, pero poco han atendido las grandes denuncias como los mil millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios venezolanos para obtener contratos, reconocidos por sus propios directivos, o cuando se han investigado, la acusación penal no avanza.
Esto es un plan que tiene que ver con el desmontaje de la institucionalidad y el dominio que plantea la revolución, asegura el exfiscal Zair Mundaray. “Esto empieza desde 1999, y es importante que la gente entienda que entre las primeras instituciones atacadas está el sistema de justicia. La corrupción empezó a avanzar, y a partir de 2017 se veía una cuestión grotesca, todo tiene una tarifa, se compra o se vende. Nadie se mueve o hace absolutamente nada si no se cobra, el sistema está absolutamente podrido”.
Mientras, la coordinadora de estrategia jurídica de Transparencia Venezuela señala que en algunos de los casos mencionados, el Ministerio Público ha solicitado la extradición de los involucrados. En total, hay 14 solicitudes hechas por el Estado venezolano relacionadas con hechos de corrupción de exfuncionarios que ahora son disidentes al gobierno de Nicolás Maduro, como el exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, o que colaboran con las autoridades extranjeras como es el caso de Aldo Venraim, un empresario brasilero que declaró en el caso Lava Jato, como se conoce a la red de sobornos que armó Odebrecht en todo el continente para acceder a contratos cuantiosos.
Al mismo tiempo que Venraim reconoció que se sobornó a funcionarios venezolanos para acceder y tener trato preferencial con Hugo Chávez, en Venezuela se le trata de juzgar por el desvío de fondos para la construcción de 5.853 viviendas en varios estados.
Por ello, mientras en instancias nacionales se juzga en mayor cantidad por delitos como legitimación de capitales, asociación para delinquir, soborno, peculado doloso propio o concierto de funcionario con contratista; en juzgados de otros países las acusaciones incluyen la corrupción, el delito fiscal o la falsificación de documentos.
La mayoría de los casos de gran corrupción en Venezuela no están cerrados porque sus actores son solicitados para extradición, refiere la abogada. “Hay otros casos de corrupción que están siendo procesados por la justicia venezolana, por ejemplo, Pdvsa tiene casos en investigación y juicio como el de Pedro León (llamado el zar de la Faja Petrolífera). Sabemos que se hizo la acusación pero no tenemos conocimiento de la condena. Un caso similar fue el del actor Manuel Sosa, sabemos que está condenado por cuatro años. Aunque se trata de dineros públicos, no son de la magnitud de mil millones de dólares como los casos de Alejandro Andrade o Claudia Díaz”.
Otra de las instancias que investiga en el país es la Asamblea Nacional, específicamente la Comisión de Contraloría. Pero desde el escándalo conocido como “operación alacrán” (una trama que involucra cartas de buena conducta a empresarios señalados por corrupción y sobornos a diputados por un total de 50 millones de dólares para abandonar una opción política), ha visto mermado su trabajo debido a una investigación dentro de su seno.
El diputado José Prat (La Causa R – Bolívar), presidente de la comisión de Contraloría de la AN, refiere que no han podido tener acceso a los expedientes que reposan en esa instancia y proseguir investigaciones debido a la intervención desde mediados de diciembre de 2019 que aún no ha culminado.
Hasta ahora, la Comisión de Contraloría solo ha conocido sobre las denuncias de la “operación alacrán”, algunas denuncias por Odebrecht informadas por otros parlamentarios, el caso de los ahorristas del Banco Occidental de Descuento (BOD), el consorcio CRA por una presunta extorsión de funcionarios del gobierno interino así como la adquisición de máquinas por parte del Consejo Nacional Electoral para los nuevos procesos de votación.
El organismo regulador de las divisas Cadivi, el sistema eléctrico y Pdvsa son algunos de los casos que reposan dentro de la Comisión y que no han podido seguir su curso, explica Prat. “En realidad esta instancia investiga hechos de corrupción desde hace cinco años. Antes, sólo se investigaba a algún representante del gobierno para cobrar una factura interna. Ahora trabajamos básicamente los casos de este año”.