La Operación Money Flight, que investigó por dos años un esquema de lavado de unos fondos obtenidos de forma fraudulenta de la compañía petrolera venezolana, se libraron orden de decomiso de 50 bienes y activos —entre cuentas bancarias, títulos valores e inmuebles— que, en total, suman al menos 190 millones de dólares. Es apenas 15,8% de los 1.200 millones de dólares que blanquearon con los activos las 20 personas involucradas en la conspiración, entre ellos un exfuncionario de Petróleos de Venezuela S.A que se declaró culpable del delito y coopera con la justicia estadounidense para continuar con la investigación
Armando Altuve
En 2018 el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el resultado de una investigación encubierta que reveló una trama de corrupción a gran escala que, a lo sumo, se convirtió en una de las más emblemáticas de la era chavista. La denominada operación Money Flight descubrió que un grupo de 20 personas, entre ellos cinco venezolanos, orquestó un plan internacional para lavar 1.200 millones de dólares obtenidos luego de cometer ilícitos cambiarios y pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), la principal empresa del Estado.
Los documentos judiciales señalaron que los acusados usaron sofisticados esquemas de falsa inversión y bienes raíces en la ciudad de Miami en Estados Unidos para legitimar el dinero sucio. Los fondos públicos llegaron a manos de los artífices del desfalco luego de que la compañía petrolera firmó contratos de préstamo en bolívares que pagó en dólares al costo de la tasa preferencial con jugosas comisiones para los implicados que hicieron posible la negociación. Por este caso, cuatro de los responsables identificados en los informes se han declarado culpables y han cooperado con las investigaciones.
En el curso de las averiguaciones, los fiscales federales lograron rastrear el dinero malversado en 50 bienes obtenidos por los empresarios, banqueros y exfuncionarios de Pdvsa, según las órdenes de decomiso aprobadas por las autoridades de justicia estadounidense. Con estas medidas se procedió al congelamiento de cuentas bancarias, retención de cheques transferidos e incautación de inmuebles y otros activos en Estados Unidos y Panamá, relacionados con el blanqueo de capitales.
La lista de bienes suma 30 apartamentos y casas lujosas, 10 cheques, 9 cuentas bancarias en entidades financieras ubicadas en Bahamas, Estados Unidos y Europa y un yate. La revisión de los documentos realizada por el Corruptómetro, un proyecto liderado por Transparencia Venezuela y la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por los medios El Pitazo, TalCual y Runrun.es, permitió corroborar que con todos los bienes sobre los que se libró orden de decomiso se trataron de lavar al menos 190.248.100,10 dólares. La cantidad se desprende de la suma de los depósitos y el costo estimado de los inmuebles y demás propiedades. La cifra representa apenas 15,8% de los 1.200 millones de dólares.
Los datos revelan que:
En cuentas bancarias se incautaron 21.672.710,73 dólares y los cheques retenidos totalizaron 120.880.718,4 dólares.
Se supo que los implicados pagaron por los apartamentos y las casas al menos 41.244.671 dólares.
El yate con orden de decomiso está valorado en 6.450.000 dólares.
Los decomisos de los bienes se ejecutaron entre el 17 de agosto de 2018 y el 5 de agosto de 2021. Los activos se encontraban en Bahamas, Estados Unidos, Panamá, Reino Unido y Suiza.
Por este caso de corrupción, acusaron al banquero alemán Matthias Krull; exdirector de Planificación Financiera de Pdvsa durante la gestión de Rafael Ramírez, Abraham Edgardo Ortega; abogado colombiano con nacionalidad venezolana, Gustavo Adolfo Hernández Frieri; venezolano y socio de la empresa Derwick Associates, Francisco Convit Guruceaga; abogado venezolano, José Vicente Amparan Cróquer y al abogado venezolano, Carmelo Urdaneta Aqui. Asimismo, al empresario venezolano señalado de ser presuntamente testaferro de los hijastros de Nicolás Maduro, Mario Enrique Bonilla Valera; al portugués Hugo André Ramalho Gois; y al uruguayo Marcelo Federico Gutierres Acosta y Lara.
Por el momento, cuatro de los responsables han rendido cuentas ante la justicia de Estados Unidos. Krull se encuentra en libertad tras declararse culpable y cooperar con las investigaciones; Hernández Frieri fue sentenciado el 30 de abril de 2021; Ortega se le condenó a dos años y cuatro meses de prisión el 5 de mayo de 2021 por este caso; y Urdaneta Aqui se declaró culpable de desfalco en julio de 2021, con la posibilidad de que se le reduzca su condena si apoya a los fiscales en la investigación. Los demás aún están prófugos de la justicia.
Como parte de la estrategia para blanquear los fondos, los acusados en la trama de corrupción se plantearon comprar apartamentos lujosos en Estados Unidos para asegurar las millonarias ganancias obtenidas de forma fraudulenta. La revisión de las órdenes de decomiso de bienes, a las que tuvo acceso el Corruptómetro, detalla que de los 30 inmuebles adquiridos para lavar dinero, 16 se encuentran en Estados Unidos y 14 en Panamá. La mayoría de los apartamentos que están en suelo norteamericano fueron comprados en la ciudad de Miami, Florida.
En las órdenes de protección de bienes, se logró el decomiso de seis inmuebles ubicados en Florida vinculados a algunos de los acusados, entre ellos dos lotes que están en Rolling Rock, en la villa de Wellington. Otros seis apartamentos comprados forman parte de un edificio situado en la avenida 225 con calle 27 en la ciudad de Miami Beach, en el Condado de Miami Dade. La mayoría de los inmuebles estaban a nombre de Urdaneta Aqui, Convit Guruceaga y Hernández Fieri.
Los seis apartamentos de Miami Beach fueron adquiridos por el exfuncionario de Pdvsa, Carmelo Urdaneta Aqui. Se trata de las unidades A, B, C, D, E y F del Condominio Silvia que están valoradas entre 600.000 y 720.000 dólares, según el costo reseñado en páginas de bienes raíces de Miami que informan que los apartamentos no están en venta actualmente.
Urdaneta Aqui también se convirtió en el propietario de un inmueble que hoy tiene un costo de referencia de 2.569.000 dólares. Es la unidad 2205 del Sunny Isles Beach de Florida, situada en la prominente Torre Porsche Desing. De acuerdo con los portales inmobiliarios, este apartamento fue vendido el 16 de marzo de 2021 por 3,2 millones de dólares.
Los documentos judiciales destacan que Urdaneta Aquí, junto con Amparan Cróquer, pagaron por este inmueble de 3.171 metros cuadrados cerca de 5,3 millones de dólares por medio de la empresa Palladium Real Estate Group LLC, compañía que aparece como la propietaria anterior. Urdaneta le pagó el apartamento a Amparan, empresario de bienes raíces en España, para cobrarle por el apoyo brindado para limpiar los fondos.
Francisco Convit Guruceaga, socio de Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau en la empresa Derwick Associates, quienes amasaron fortunas con contratos millonarios asignados en 2009 para atender la emergencia eléctrica, compró uno de los dos lotes de los predios de Wellington. Según los registros públicos de esa localidad, la casa unifamiliar, valorada en 4.972.000 de dólares, tiene aproximadamente 4.200 pies cuadrados que está completamente rodeada de áreas y jardines verdes.
Convit Guruceaga también fungía como dueño de dos inmuebles, ubicados en la ciudad de Coral Gables, en el condado de Miami Dade de Florida. El primero es el apartamento 704 ubicado en la calle 2030 de la avenida Douglas Road; y el segundo es el apartamento 2D situado en Cocoplum, cerca de la calle 6995 Prado Boulevard. Este último activo, según los registros de bienes raíces consultados, aparece a nombre de la empresa Bogasa International Inversión LLC, compañía creada en 2016 en Florida y ligada a Mario Enrique Bonilla Vallera, según los datos de la investigación Chavismo Inc.
Entre otro de los activos decomisados a Convit Guruceaga está un apartamento que estaba a nombre de Patricia Zilio, quien es señalada de ser su suegra. Se trata de la unidad 1206 del condominio de la torre Mystic Point 500, que está valorada en 290.000 dólares. También el único yate confiscado por la justicia pertenecía al socio de Derwick Associates.
Hernández Fieri compró una propiedad en Brooklyn en Nueva York que tiene un costo actual de 6.242.400 de dólares, así como un inmueble situado en el Bulevar Diana Beach de Florida. Entre los bienes con orden de decomiso, está un apartamento ubicado en el bloque 9 de Bay Point en 597 Hibuscus Lane en Florida, valorado en 1.843.138 dólares, que estaba a nombre de Hernández Fieri.
Uno de los inmuebles señalados en el decomiso colectivo es el apartamento 619 de Florida, que está registrado a nombre de la empresa Britestar Worldwide Limited Corp, ubicado en la avenida Brickell de Florida. El registro de Florida señala que en este inmueble funciona la compañía que está a nombre de Marion Valero e Yngrid Silva, viuda del empresario venezolano Fernando Valero Gutierrez, quien falleció en 2018 en un accidente de paracaidismo y, en vida, fue socio de Bonilla Vallera en una empresa constituida en la Isla Mauricio, según los datos revelados por el portal Armando.info.
Según la orden de decomiso de bienes, en Panamá hay 14 apartamentos que se encuentran entre los activos que la justicia estadounidense asoció a lavado de dinero en 2018. Once de los apartamentos están ubicados en la Residencial Santa María Signature, Panamá. Las autoridades también confiscaron sus muebles y accesorios. En promedio, los inmuebles están valorados en 1.249.900 de dólares.
Estos inmuebles son construidos por el Grupo Resende. Es una empresa inmobiliaria que acumula más de 40 años en el sector construcción de Venezuela y, ahora, emprende proyectos de ingeniería civil en Panamá desde el año 2010. La compañía está presidida por el abogado y empresario venezolano, Abel Bernardo Resende Borges, según refleja un reportaje publicado en El Pitazo.
Resende Borges, un empresario con un vasto currículum en el sector petrolero al dirigir tres empresas del ramo en Venezuela, es señalado en redes sociales de tener relación con el exfuncionario de Pdvsa, Carmelo Urdaneta Aqui.
Los 11 apartamentos forman parte de los 23 inmuebles que conforman el proyecto residencial Santa María Signature, que se levanta en un terreno de 284 hectáreas del Santa María Golf & Country Club, descrito como uno de los lugares más exclusivos y mejor ubicados en Panamá.
Los otros tres apartamentos restantes son otras edificaciones que construye el Grupo Resende. Dos están en el CostaMare, un proyecto en ejecución de 26 torres de apartamentos de cinco pisos cada una rodeados de áreas verdes, según se describe en la página de la inmobiliaria. El último inmueble es una lujosa casa que está en el complejo Vistamar Golf Village.
No hay pistas sobre el estado actual de estos inmuebles. Solo se conoce, por la información pública disponible, de la venta de uno de los 30 inmuebles este año. Del resto pocos datos se encuentran, incluso en las páginas de bienes y raíces consultadas solo se indica que las propiedades aún no están a la venta.