La justicia española sobreseyó la semana pasada al ex viceministro venezolano Nervis Villalobos y su esposa en una causa por supuesto blanqueo de dinero que culminó con la compra de una millonaria mansión en Madrid. “Tras una dilatada y extensa investigación, no resultan indicios bastantes para inferir, en los términos exigibles, para continuar el procedimiento penal”, dictaminó la jueza María Tardón.

Corruptómetro, 13 de septiembre 2022.

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Palabras más palabras menos, la jueza de la Audiencia Nacional que lleva adelante la macro-causa por PDVSA, que investiga corrupción a gran escala en la petrolera estatal, manifestó que había pasado demasiado tiempo y que -a su entender- no había pruebas suficientes para probar un ilícito que, en parte, la justicia de Estados Unidos ya había confirmado.

Pese a la magnitud de la decisión tomada por la jueza Tardón, el escenario político y judicial español no se inmutó ante el sobreseimiento de Villalobos y su esposa. La acusación y las decenas de pruebas del expediente habían sido aportadas por la Fiscalía Anticorrupción, que sostiene que el ex funcionario venezolano realizó falsos contratos de asesorías entre una sociedad offshore de su propiedad y una empresa en Estados Unidos que involucraron 9 millones de dólares que ingresaron a cuentas bancarias en España.

Pero la resonante decisión de la justicia española pasó desapercibida entre abogados y funcionarios que se pronuncian regularmente en otros casos de corrupción. Nadie se expresó ante la decisión de la jueza María Tardón en Madrid, la capital europea que se enorgullece de ser la ciudad más latina de Europa, cuyos empresarios mantienen amplios intereses comerciales en toda América Latina.

“No tengo ni idea del tema, lo siento”. “Vaya, no conocía la sentencia. No creo que hoy pueda leerla”, fueron algunas de las respuestas que recibió Transparencia Venezuela cuando se contactó con reconocidos abogados penalistas que siguen la macro-causa PDVSA. Otros, la gran mayoría, ni siquiera contestaron los mensajes ni los llamados cuando esta organización preguntó por el fallo de la jueza Tardón.

No hubo político, jurista ni activista español que haya levantado la voz siquiera ante la posibilidad de que esta primera decisión de la jueza pueda representar un antecedente para las defensas de la macro-causa PDVSA, una de las investigaciones judiciales contra la corrupción venezolana más importantes.

“Nos parece muy preocupante que en España no se haga un análisis de esa sentencia. A pesar de que España se considera el adalid de América Latina por sus relaciones históricas, y a que los actos corruptos de Villalobos tienen impacto en el sistema financiero español que ha sido utilizado para lavar activos y adquirir bienes con fondos de origen ilegal, vemos que a los abogados consultados no les parece importante una sentencia que es crucial. La decisión de la jueza se burla de los recursos que están afectando la vida de los venezolanos, los argumentos de esa sentencia parten de premisas falsas, se amparan en formalismos que distorsionan la realidad y son superficiales”, afirman desde Transparencia Venezuela.

“Notamos falta de interés y tolerancia con la gran corrupción, favoreciendo la impunidad. Una sentencia así habría generado en Venezuela el rechazo unánime de los medios independientes, abogados y organizaciones de la sociedad civil. ¿Será que en España a nadie le interesa el grado de corrupción que existe en Venezuela y se proyecta al primer mundo? “, insiste la organización.

La Audiencia Nacional es una institución clave para la lucha por recuperar parte de los fondos de la corrupción en Venezuela. Además de las otras piezas de la macro-causa por PDVSA que aún no se deciden, hay varios expedientes que investigan desfalcos por miles de millones de dólares que involucran a exfuncionarios venezolanos, pero también a empresarios y funcionarios españoles que participaron de esa trama, como los casos de Duro Felguera y Modoro entre, varios otros.

Ninguno de esos expedientes que son investigados en la Audiencia Nacional está próximo a llegar a un juicio, según pudo reconstruir Transparencia Venezuela, y la instrucción de algunos de ellos ya lleva un lustro en curso. Los tribunales de Madrid también resuelven los pedidos de extradición de exfuncionarios que suelen ser requeridos para ser juzgados en Estados Unidos. Los resultados han sido dispares hasta el momento, con resonantes casos como el de Hugo “El Pollo” Carvajal, otro notable ejemplo de impunidad alentada desde la justicia.

El polémico sobreseimiento

La jueza Tardón tomó la decisión a pesar de las pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción, que acusó a Villalobos, exministro de Energía y Minas, un personaje que está involucrado en distintas causas de corrupción tanto en España, como en Estados Unidos.

Los fiscales relataron en su acusación que la sociedad Kingsway LDA, radicada en la Isla Madeira de Portugal, suscribió el 7 de noviembre de 2010 un aparente contrato de asesoría en materia de energía con la compañía Miami Equipment & Export, dirigida por los empresarios Luis Díaz y Luis Javier Díaz.

La Fiscalía Anticorrupción indicó que Miami Equipment se dedicaba a realizar varios proyectos de ingeniería en el sector eléctrico como proveedora de bienes y servicios para terceros, “aunque en el contrato no quedan especificados a que proyectos concretos se refiere”. “Además, se indica que Kingsway LDA fue contratada para llevar a cabo unos servicios de consultoría de ingeniería, estableciéndose una comisión a su favor de USD 9,4 millones”, agregaron.

La acusación dentro de este capítulo fue articulada completamente por la Fiscalía Anticorrupción. La jueza Tardón había aceptado como querellante en el expediente a PDVSA, empresa que la evidencia en más de 120 casos en la justicia de 20 países, señala que participa una fuerte red de corrupción, que creo las condiciones para promover y proteger  esa red corrupta y que mantiene la misma estructura y procedimientos opacos y cerrados.  Pero la empresa estatal venezolana – obviamente – no acusó a Villalobos ni a su esposa.

Los fiscales siguieron la ruta del dinero: lograron identificar que la sociedad de Villalobos ingresó fondos por USD 6,9 millones a su cuenta en el Banco de Madrid entre octubre de 2011 y junio de 2012. “No se aprecian en la documentación revisada movimientos que pudieran indicar la existencia de una prestación de servicios de consultoría a otras sociedades o de gastos derivados de trabajos realizados, como viajes, estancias en hoteles, gastos de oficina, y que pudieran vincular a la sociedad con una actividad real”, detallaron. Los acusadores, además, agregaron que la cuenta bancaria mencionada se nutrió durante ese período sólo de los fondos que enviaba Miami Equipment.

El siguiente paso en la ruta del dinero lleva hasta una mansión. Villalobos y su mujer adquirieron con esos fondos una casona en La Moraleja, un acomodado barrio del norte de Madrid, valuada en más de un millón de euros, según la escritura pública. La compra de esta mansión más la apertura de múltiples investigaciones judiciales por supuesta corrupción expuso a Villalobos en los medios de comunicación españoles.

“La argumentación de la jueza Tardón no está completa, no es cierta. La función de un juez es hacer todo lo necesario para establecer la verdad en un proceso, y cuando no se hace todo el esfuerzo, donde están en juego fondos públicos, pareciera que se actúa con ligereza. No se considera lo que esos 9 millones de dólares pudieran representar para los niños venezolanos”, sentencian desde Transparencia.

La sentencia en Estados Unidos

Otra decisión que llamó la atención fue la poca valoración que la jueza Tardón otorgó a una condena de la justicia de Estados Unidos que involucra directamente a la sociedad de Villalobos, refugiándose en tecnicismos equívocos como la tipicidad del hecho en dos legislaciones distintas.

Luis Díaz y Luis Javier Díaz fueron acusados en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por haber conducido, gestionado y transferido dinero a nombre de otros y a cambio de una comisión, a cuentas ubicadas e instituciones financieras en España y Estados Unidos, asignadas a empresas fantasmas en Portugal e Islas Vírgenes Británicas. Los ciudadanos, dice la acusación, también transfirieron 300.000 dólares a un funcionario del gobierno venezolano que tenía una cuenta en Panamá.

A pesar de que muchos de estos indicios coinciden con la operatoria antes detallada por los fiscales, Tardón indicó que la sentencia en Estados Unidos “no cuestiona ni refiere en ningún momento un posible origen ilícito de los fondos transferidos” investigados en España, así como “que los mismos deriven de conductas de corrupción cometidas por funcionarios o empleados del gobierno venezolano”, afirmación que obvia los elementos que contiene la investigación.

El tribunal del Distrito Sur de Texas, en Estados Unidos, adelanta un proceso en el que es investigado Nervis Villalobos y tiene orden de arresto desde el 23 de agosto de 2017, por sobornos a funcionarios venezolanos de la filial de Pdvsa,  Bariven.

El ex viceministro de Energía venezolano es señalado por dos delitos de blanqueo y de conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, que suman una condena de 45 años de cárcel. En 2019 fue revocada la entrega de Villalobos a autoridades estadounidenses por decisión de la sección segunda de lo penal de la Audiencia Nacional.

“Quiero defenderme en España antes de ir a Estados Unidos», dijo Nervis Villalobos al diario español El Mundo en febrero de 2019.