Gabriela Henríquez
El petróleo ha sido fuente de riqueza pero también de corrupción en Venezuela. Aparte de ser el sector donde se registra un mayor número de casos de irregularidades administrativas y en el que se malversó un presupuesto multimillonario a lo largo de dos décadas, la otrora gran empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), es el organismo del Estado que resulta más afectado por los malos manejos de los fondos públicos en beneficio de intereses particulares.
La constatación del sector petrolero como máquina de malversación del erario público venezolano se desprende de la herramienta interactiva Corruptómetro, desarrollada por Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) formada por Runrunes, El Pitazo y TalCual y la plataforma de periodismo de las Américas Connectas, que registra un total de 236 casos de corrupción en Venezuela en al menos 15 sectores económicos. Se trata de ejemplos de irregularidades administrativas por los que se han abierto investigaciones y/o procesos judiciales tanto en Venezuela como en tribunales internacionales.
El control de cambio, la falta de pesos y contrapesos, la ausencia de un sistema de sanciones y la falta de separación de poderes facilitaron las malas prácticas en diversas áreas desde el año 2003, poco después de la llegada del chavismo al poder, explica Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela.
A todas estas distorsiones, De Freitas agrega el control de cambio impuesto desde 2003, a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), que permitió importaciones a dólar preferencial durante una década y que hubieran ganancias que convirtieron en millonarias a muchas personas por la diferencia cambiaria.
32 VECES MÁS CORRUPTA. La industria petrolera encabeza los 15 sectores económicos más afectados por la corrupción en Venezuela. Según el Corruptómetro, 92 de 236 casos de irregularidad administrativa corresponden a la gestión del petróleo en Venezuela, lo que representa 81% ($42 mil 321 millones) de un total de $52 mil 98 millones envueltos en malos manejos de los fondos públicos.
Al petrolero le siguen de lejos sectores donde se registra corrupción administrativa como el financiero que representa 6,4% de los montos involucrados; alimentación (4,20%); salud (4%) y vivienda (2,7%) según la data del Corruptómetro recopilada a partir de investigaciones abiertas y señalamientos realizados por autoridades nacionales e internacionales así como también de trabajos periodísticos de medios reconocidos.
En opinión de Francisco Coello, sociólogo y profesor universitario, el dinero que ingresó al país durante los años de bonanza en los que el gobierno de Nicolás Maduro ha estado en el poder debió utilizarse para mantener la industria petrolera en el nivel que tenía cuando llegó Chávez al gobierno. “En 1998, Pdvsa era una de las tres petroleras más importantes del mundo y lo seguiría siendo si se hubiese manejado de forma eficiente y responsable. Los expertos estiman que estaríamos produciendo más de 5 millones de barriles diarios y alrededor de 3 millones de barriles de combustible al día”, aseguró.
Las estimaciones del dinero que se perdió en la industria petrolera por conceptos de corrupción e ineficiencia representa 11 veces más que el perdido en el sector salud; 19 veces el sector alimenticio; 31 veces el sector de vivienda y 41 veces el de minería. Los sectores de transporte, electricidad y telecomunicaciones juntos representan tan solo un 2,4% del dinero perdido por corrupción de las arcas de Pdvsa y sus filiales.
Los cálculos realizados por Francisco Monaldi, economista, profesor-investigador del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice en Houston, señalan que entre 2004 y 2014 Venezuela recibió un billón de dólares por concepto de exportaciones petroleras, debido a los altos precios del crudo en el mercado internacional. Con ese dinero, Coello señala, se ha podido realizar un proyecto sostenido de educación similar al que implantó Corea del Sur, “en el que le dio una tablet con tecnología de punta a cada estudiante y a cada profesor de primaria y bachillerato en todo el país”.
El proyecto educativo surcoreano costó 3 mil millones de dólares, explica Coello. “En la lista de casos que maneja el Corruptómetro, hay cifras que superan con creces esa cantidad. Con una pequeña porción de ese dinero, el gobierno de Maduro pudo haber repetido el mismo proyecto que tuvo Corea del Sur de alto nivel y le sobraba dinero para invertir en infraestructuras viales, o renovar las universidades públicas, o mejorar los hospitales, y aún así, el país habría tenido mucho dinero, por ejemplo, para construir un fondo para ahorrar a largo plazo y financiar un nuevo sistema de pensiones para los jubilados para darles una vida digna”, sentenció.
VISTA GORDA EN LA CÚPULA PETROLERA. Encabezando la lista de los casos del sector petróleo que más pérdidas y daños generaron al país, se encuentra una demanda presentada en el Tribunal Federal del Distrito Sur de la Florida por Pdvsa mediante un fondo especial que llevaba por nombre Pdvsa Litigation Trust. Este litigio dio pie para que se conocieran detalles sobre un presunto entramado de corrupción que le habría costado a Venezuela 10 mil millones de dólares por concepto de sobornos.
Wilmer Ruperti, empresario, inversionista y magnate del transporte marítimo venezolano, investigado por el Departamento del Tesoro de los EE.UU por sus vínculos con el Gobierno de Nicolás Maduro, creó en 2018 un fideicomiso e introdujo dos demandas en contra de empresas petroleras internacionales por presuntamente sobornar a funcionarios de la compañía venezolana, así como hechos de corrupción, lavado y/o espionaje industrial.
El resultado de ambos procesos -en Ginebra y en Miami- arrojó que no hubo suficientes elementos para probar que se cometió un ilícito. Sin embargo, sí se probó por una investigación periodística que la creación del fideicomiso tuvo como fin que las compañías petroleras internacionales pagaran personalmente a Ruperti, para que éste retirara las demandas y las empresas no tuviesen que abrir sus libros para las averiguaciones judiciales.
En segundo lugar se encuentra una acusación realizada por el Ministerio Público venezolano en la cual fueron señalados funcionarios de una filial de Pdvsa en Viena, Austria, por presuntamente participar en una trama de corrupción que consistió en subvalorar el precio del crudo venezolano en Europa para beneficiar a privados. El supuesto daño patrimonial se estimó en $4 mil 800 millones.
Por este último caso, el 12 de enero de 2018 el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, solicitó colocar una alerta roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para Bernard Mommer de Grave, gerente general de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera; Irama Quiroz De Mommer, Gerente de Oficina; y Mariana Zerpa Morloy, Consultora Legal.
En agosto del mismo año, el funcionario anunció que Nélida Izarra, directora general de la Oficina para la Determinación del Crudo de Exportación, detenida en diciembre de 2017 por este caso, admitió su responsabilidad y fue condenada a cinco años de prisión por los delitos de peculado doloso impropio, concierto de funcionario con contratista y asociación. Entre 2017 y 2018 la prensa internacional prendió sus alarmas por el escándalo en torno a la Banca Privada de Andorra, por la que se fugaron unos 4.200 millones de dólares entre 2006 y 2012, según expedientes de la Fiscalía de Andorra que procesaba este caso. De ese monto, 1.347 millones de euros habrían sido blanqueados en un año por al menos 40 funcionarios del gobierno de Chávez que utilizaron empresas fantasmas y suscribieron contratos con condiciones desventajosas para el país.
Entre ellos se incluyen Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y Petróleo encargado del suministro de electricidad entre 2001 y 2006; Javier Alvarado, exviceministro de Energía y expresidente de Corpoelec, la eléctrica estatal; y Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Energía, expresidente de PDVSA y representante hasta 2017 del gobierno de Nicolás Maduro en la Organización de Naciones Unidas (ONU).
A pesar de ser el sector que sostuvo la economía venezolana durante décadas y de manejar cifras abismales de dinero, los controles en la industria petrolera fueron pocos, por no decir inexistentes. El propio Rafael Ramírez se desempeñó entre 2002 y 2013 como ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y al mismo tiempo fungió de presidente de Petróleos de Venezuela del 2004 al 2013, “dos cargos que por su naturaleza deberían ser ejercidos por funcionarios distintos”, según afirmó De Freitas.
Para el actual gobierno, la lucha contra la corrupción ha quedado reducida a escasos y espaciados enunciados dentro del discurso oficial. En noviembre de 2016, Nicolás Maduro asomó el decreto de “una reestructuración absoluta y un golpe del timón en Pdvsa para vencer la corrupción y la burocracia (…) Hay que elevar la producción petrolera y cuidar que no la roben (…) Tengo pruebas de la corrupción y la traición contra Pdvsa”. Las evidencias nunca fueron presentadas.
Como parte de esa reestructuración, Maduro dio más poder a dos funcionarios cercanos a Ramírez, Eulogio del Pino, al mantenerlo como ministro de Petróleo y Nelson Martínez, a quien nombró presidente de Pdvsa. Un año después ambos fueron detenidos por las propias autoridades venezolanas por cargos de corrupción.
PDVSA SALPICA A OTROS SECTORES. Pdvsa ha sido durante años la principal fuente de ingresos al país, razón por la cual pasó de ser una petrolera a diversificarse y convertirse en una empresa que financió proyectos en distintas industrias como Pdval (sector alimenticio), la Misión Vivienda y la Misión Barrio Adentro, programa social adscrito al Ministerio para la Salud.
Sobre el sector salud, la Contraloría General de la República determinó que entre 2005 y 2010 el Ministerio para la Salud efectuó “adquisiciones de productos farmacéuticos a la República de Cuba, sin ningún tipo de planificación y por ende de medicamentos no requeridos por los centros de salud a nivel nacional”. Asimismo, la auditoría reveló que se recibieron medicamentos no solicitados, otros con fecha de vencimiento fuera del estándar permitido y que no hubo una supervisión efectiva respecto a la ejecución de los contratos.
Posteriormente, una investigación periodística reveló que entre los años 2012 y 2018 la Misión Barrio Adentro compró medicamentos a Farmacuba y le generó a la empresa poco más de $2 mil 223 millones en ingresos. Esto generó que el Estado se convirtiera en el principal importador de medicamentos lo que a su vez aplastó a la industria farmacéutica nacional y redujo a su mínima expresión las importaciones de fármacos de alto costo, realizadas por empresas transnacionales.
A pesar de los señalamientos que apuntan a irregularidades en el sector del que millones de vidas dependen, ninguna investigación formal se ha abierto. No obstante, sí se ha imputado a personas por robo, sustracción y venta de fármacos pertenecientes a instituciones médicas públicas.
En opinión de De Freitas, estas imputaciones aunque son parte de un esfuerzo por combatir la corrupción en los más bajos eslabones, son solo una ínfima parte de lo que habría que investigar en materia de corrupción en el sector salud.
Además de pérdidas mil millonarias en manos de la corrupción en el país, las instituciones y funcionarios públicos también perdieron todo tipo de confiabilidad. Venezuela ha sido calificada como un “narcoestado” por el propio Secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Robert O’Brien.
Dentro del sector narcotráfico, el Corruptómetro registra 14 casos con participación de funcionarios entre los cuales destaca el señalamiento realizado por el Departamento del Tesoro estadounidense hacia el ex-vicepresidente de la República y ahora vicepresidente sectorial de Economía, Tareck el Aissami, a quien identifican que “juega un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), también señala que El Aissami está “vinculado a la coordinación de envíos de narcóticos al violento cártel mexicano Los Zetas así como a la protección del capo narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera y del narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco”.
“Sin rendición de cuentas ni transparencia, sin separación entre la supervisión y ejecución en las instituciones, sin vigilancia ni controles de auditorías, bajo conflictos de interés y nepotismo, se generan sistemas y sociedades escasamente íntegras», evalúa De Freitas. A juicio de la directora de Transparencia Venezuela, esto es precisamente lo que ha pasado durante dos décadas en una Venezuela que anuló la activación de un sistema anticorrupción y sancionatorio cuando comenzaron a ocurrir los ilícitos.
“El sistema de justicia calló, las arcas de la Nación mermaron y las instituciones se corrompieron hasta la médula”. Ahora el esquema dominante en Venezuela es el de la gran corrupción
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