De acuerdo con las declaraciones de la fiscalía venezolana en 2022, los cuerpos de seguridad lideran la lista de sectores públicos infiltrados por hechos de corrupción

Corruptómetro, 23 de enero de 2023.- Luchar contra la corrupción en las instituciones del Estado es una de las consignas del Ministerio Público venezolano, según el fiscal general de la República designado por la Constituyente, Tarek William Saab. Sin embargo, la información que ha ofrecido sobre esta materia desde 2017 no está del todo clara, es inconsistente e insuficiente.

De acuerdo con las declaraciones de Saab, el Ministerio Público ha efectuado 15.390 imputaciones y 5.757 acusaciones por hechos de corrupción desde agosto de 2017 hasta noviembre de 2022. No obstante, estos datos no están disgregados; es decir, se desconoce cuántas imputaciones y condenas se han registrado por año, cuál es el ente público con más casos de corrupción, cuántos altos funcionarios están involucrados, cuál es el monto del dinero comprometido, cuáles han sido los entes más afectados por estos hechos, cuántos casos han sido sobreseídos y la cantidad de denuncias recibidas por año.

Entre febrero y noviembre de 2022, la Fiscalía venezolana informó algún dato sobre 41 casos de corrupción simple y un caso de gran corrupción, en los que estuvieron involucrados, al menos, 83 funcionarios en ejercicio, exfuncionarios o trabajadores de la administración pública.

Del total de casos, cinco corresponden a condenas:

-18 años y 6 meses de prisión para dos funcionarios de la Guardia Nacional por corrupción y robo de ganado en Monagas. Por este hecho, también fue sentenciado un civil a 14 años y 6 meses de cárcel.  

-17 años de prisión para dos funcionarios de la Policía de Cojedes por extorsionar a una familia

-3 años y 6 meses de reclusión para un alguacil y un archivista por extraer expedientes del Palacio de Justicia de Monagas

-2 años y 6 meses de prisión para un fiscal del Ministerio Público por pedir USD 400 para gestionar la representación legal de un detenido

-2 años y 4 meses de cárcel para dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana por facilitar la fuga de un detenido

Los números no cuadran

En las declaraciones oficiales del Fiscal se ha hecho énfasis en la cantidad de tramas de gran corrupción relacionadas con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y en la cifra de fiscales del Ministerio Público involucrados en hechos corruptos desde 2017. En estos aspectos destacan las inconsistencias y se evidencia la opacidad en la gestión.

En abril de 2022, Tarek William Saab aseguró que desde 2017 han investigado 26 redes de corrupción relacionadas con Pdvsa, cuyo resultado ha sido 113 funcionarios judicializados, 99 detenidos, 95 acusados y 32 condenados.

En declaraciones de Saab cuatro meses después, en agosto de 2022, la cantidad de tramas en Pdvsa disminuyó a 24, aumentó la cantidad de judicializados a 178 y la de condenados a 63. Durante ese lapso, la Fiscalía venezolana no publicó las identidades ni acusaciones que sustenten el aumento de judicializados o condenados por la gran corrupción en Pdvsa; tampoco se conoció de forma pública algún dato relacionado con bienes asegurados y su destino, dinero público comprometido o años de condena en estos casos.

Por tercera vez en el año, Saab ofreció un balance sobre estos casos: en noviembre de 2022, la cantidad de tramas volvió a ser 26 y subió a 75 la cifra de condenados. Es decir, se reportaron oficialmente otras 12 sentencias, cuyos casos se desconocen. Con esta actuación del Ministerio Público se demuestra la falta de transparencia en los casos de corrupción en Venezuela.

Transparencia Venezuela contabiliza 127 tramas de corrupción en Pdvsa, de las cuales 65 se registraron en la gestión del exzar del petróleo, Rafael Ramírez.

Reporte de la Fiscalía venezolana sobre casos de corrupción en Pdvsa

De acuerdo con un seguimiento de Corruptómetro a las publicaciones del Ministerio Público, al menos 10 fiscales venezolanos fueron investigados y detenidos en 2022 por estar presuntamente relacionados con hechos de corrupción; solo se conoció públicamente la condena de un fiscal.

Se identificaron cuatro mecanismos de corrupción:

-Solicitud de dinero para favorecer a una de las partes

-Aprovechamiento de funciones para facilitar la venta de armamento de guerra a grupos delictivos

-Abuso de funciones y complicidad para desvalijar vehículos en estacionamientos judiciales

-Aprovechamiento de funciones para contrabando de combustible

Desde 2017 hasta noviembre de 2022, la Fiscalía asegura que se ha procesado judicialmente a 339 fiscales y condenado a 38.

La corrupción simple arropa a policías y militares

En 3 de los 41 casos de corrupción simple, relacionados con corrupción en estacionamientos judiciales, comercialización irregular de medicamentos y extorsión cometidos por funcionarios, se omitió la identidad de los involucrados.

En un caso de soborno por parte de la PNB en La Guaira no se especificó la cantidad de funcionarios involucrados ni el monto solicitado. En algunos casos se desconocen las fechas exactas en las que ocurrieron los hechos, las imputaciones o las condenas. De esta forma se hace imposible hacer seguimiento del estatus de los casos.

La falta de información se demuestra en la detención del contralor de Apure, Jhonny García, a quien responsabilizan de hacer un sobre cálculo de salario a los directivos de la Contraloría, sin especificarse la cantidad de dinero comprometida.

En los 42 casos de corrupción se vieron afectados ocho sectores: cuerpos de seguridad, justicia, salud, petróleo, servicios públicos, identificación, gobernaciones y alcaldías.

¿Qué sectores resultaron infiltrados por la corrupción?

En relación con los cuerpos de seguridad, la Fiscalía imputó este año a al menos 39 funcionarios, entre policías y militares de bajo rango, por tráfico de material estratégico perteneciente a Pdvsa o a la Fuerza Armada Nacional, contrabando de combustible y extorsión a particulares.

En el área de salud han sido procesados médicos, enfermeros, jefes y trabajadores de almacén por la comercialización irregular de medicamentos e insumos, como sedantes y contrastes, así como por solicitar dinero para recibir atención médica. Al respecto, el fiscal Saab dijo en agosto de 2022 que el Ministerio Público ha prestado “atención especial” a quienes trabajan en el sistema público de salud y piden dinero para dar atención o sustraen insumos y equipos.

Rafael Ramírez, el rey de la corrupción en Pdvsa

En 2022, Tarek William Saab solo hizo referencia a un caso de gran corrupción. El 1° de septiembre informó sobre la Operación Atlantic, que trata de un desfalco de USD 4.850 millones ocurrido en 2012 y que involucra a Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa; Víctor Aular, ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa; Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica; Abraham Ortega Morales, exdirector financiero y de operaciones especiales de Pdvsa; así como los empresarios Juan Andrés Wallis Brandt, Luis Oberto Anselmi, Ignacio Oberto Anselmi y Leopoldo Betancourt López.

Tras una denuncia del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, la Fiscalía informó la detención de Aular, quien aseguró haber sido obligado por Ramírez a firmar una línea de crédito que consistía en que Pdvsa recibiría bolívares y los pagaría en dólares, lo que violó la Ley de Ilícitos Cambiarios y la Ley del Banco Central de Venezuela.

Por este hecho, Aular fue imputado ante el Tribunal 4° de Control con competencia en terrorismo por los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, malversación simple, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Sobre el estatus judicial de este exfuncionario, quien admitió los hechos, y el avance de la investigación la Fiscalía venezolana no ha ofrecido detalles, por lo que se desconocen otros detalles de este proceso legal por corrupción en Pdvsa.

Saab recordó que Rafael Ramírez está involucrado en nueve tramas de corrupción, entre las que se encuentran el Fondo de Pensiones de Jubilados de Pdvsa, el buque chatarra petrosaudí, la malversación de fondos en Pdvsa por USD 566 millones y el caso de sobornos en Andorra -que involucra al primo de Ramírez, Diego Salazar-.

Lo que el Ministerio Público calla

Mientras países como Estados Unidos, Suiza, Ecuador o Brasil investigan grandes casos de corrupción relacionados con Venezuela, el Ministerio Público continúa guardando silencio.

Durante 2022, nada se dijo sobre la operación Money Flight, que ocurrió en 2014 y comprometió USD 1.200 millones de la República a través sobornos a funcionarios de Pdvsa y aprovechamiento del control de cambio impuesto por Hugo Chávez en 2003. Uno de los señalados es el empresario argentino Luis Fernando Vuteff, quien fue detenido en Suiza en julio de 2022 y extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por conspiración para blanqueo de capitales.

Pero ya en 2021 la justicia estadounidense había sentenciado a otros implicados como el empresario Gustavo Hernández Frieri y el exdirector financiero y de operaciones especiales de Pdvsa, Abraham Ortega Morales, quien precisamente fue solicitado por la fiscalía venezolana en 2022 por la operación Atlantic.

El Ministerio Público venezolano tampoco ha anunciado la apertura de una investigación para determinar la responsabilidad de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas por presuntamente vender al Estado venezolano alimentos con sobreprecio y de mala calidad, a pesar de que países como Estados Unidos, Italia y Colombia lo investigan por casos de corrupción. En cambio, el gobierno venezolano ha instaurado como política la defensa del empresario colombiano preso en Estados Unidos por presunto lavado de dinero.