A los 54 detenidos y acusados por el caso Pdvsa-Cripto, se suma la detención de dos altos exfuncionarios venezolanos y de un empresario buscado por narcotráfico en EE UU. Parte del esquema de corrupción consistió en vender el crudo a 50% de su valor y exigir hasta 30% de comisión a los empresarios a cambio de las asignaciones de los buques
Transparencia Venezuela, 10 de abril de 2024.- Seis nombres se suman oficialmente a la lista de implicados en el esquema de corrupción Pdvsa-Cripto. Luego de 272 días, el Ministerio Público ofrece nuevos detalles sobre la investigación y confirma la detención del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, de quien se desconocía el paradero tras renunciar a su cargo en marzo de 2023.
Durante una conferencia de prensa, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que se encuentran en la segunda fase de averiguaciones, en la que cinco testigos han colaborado para determinar el rol de altos funcionarios y empresarios en una trama que, según sus declaraciones, ha sido difícil de develar debido al uso de criptoactivos como herramienta “para encubrir el delito”. Pese a que Saab aseguró que El Aissami fue capturado poco antes de su declaración el 9 de abril de 2024, el exfuncionario tenía más de un año sin aparecer públicamente.
El entramado, con El Aissami a la cabeza, consistió en asignar a discreción los buques con petróleo, fuel oil y coque, a un grupo de empresarios que, además, debía pagar una comisión de entre 15% y 30% para mantener los negocios con Pdvsa y la Corporación Venezolana de Guayana, según el fiscal. Los dividendos eran convertidos en criptomonedas a través de plataformas como Kraken Crypto Exchange. De acuerdo con la Fiscalía, la operación era indetectable para los organismos de supervisión y contraloría. Incluso, se habría creado una oficina paralela denominada Unidad de Trabajo Especial, con el objetivo de ocultar las cuentas.
“Las asignaciones de los embarques se hacían en papel con los datos básicos del producto, luego de que El Aissami llamara a Antonio Pérez Suárez (exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa)”, sostuvo Saab. Solo a una empresa se le asignaron 15 buques para su comercialización, cuyo valor estaba por el orden de los USD 153 millones, pero los empresarios que recibieron la carga debieron pagar por lo menos USD 22 millones de dólares en efectivo a Pérez Suarez en comisión.
Para generar gastos adicionales a los contratistas, Pérez Suárez (detenido en marzo 2023) retrasaba el despacho de crudo y luego enviaba a un emisario, de nombre Edward Coronado, para que cobrara una comisión por concepto de agilización. Uno de los testigos habría pagado USD 2 millones en efectivo para liberar su cargamento.
Según la Fiscalía, los directivos de Pdvsa no solo comercializaban el crudo a 50% del precio real y cobraban comisiones para asignar las cargas, también exigían a los contratistas remodelar despachos o residencias, entregar propiedades y adquirir determinados bienes como aviones o yates, a cambio de mantener los contratos. “El propio El Aissami pidió a un empresario que le hiciera tres transferencias a una cuenta en el extranjero por USD 1,5 millones; en otra oportunidad ejecutó obras civiles a El Aissami valoradas en USD 500.000 y le pidió otros USD 450.000 por concepto de gastos personales”, detalló Saab.
A Joselit Ramírez, expresidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, también debían rendirle cuentas: una de las empresas fachada recibió a su nombre dos pagos de buques por USD 35 millones.
Ha transcurrido un año de la trama y el Ministerio Público aún no informa la cantidad de recursos involucrada en el esquema de corrupción. “Causaron un daño incalculable en millones de dólares”, se limitó a decir en esta oportunidad. No obstante, según cálculos de Transparencia Venezuela y Ecoanalítica, se comprometieron USD 16.960 millones.
El entorno de El Aissami, según el fiscal
Además del exministro de Petróleo, otras dos personas de su entorno fueron detenidas en esta segunda fase. Se trata de Samark López Bello, considerado el testaferro de El Aissami, y de Simón Zerpa, quien durante una década ocupó altos cargos en el área económica del país.
El primero habría servido de operador financiero para facilitar la conexión entre el dinero en efectivo, las cuentas digitales y las criptomonedas. Mientras que el segundo usó una supuesta estructura del Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden) y del Ministerio de Comercio para favorecer las operaciones irregulares.
Ambos se suman a las 54 detenciones que se ejecutaron inicialmente por este caso y serán imputados por traición a la patria, apropiación del patrimonio público, legitimación de capitales, alardeamiento o valimiento de relaciones y asociación para delinquir.
En el mapa de señalados también figuran la exfuncionaria Johanna Amorín y el empresario Jesús Méndez, quien, según versiones periodísticas, fue detenido en mayo de 2023.
¿Quiénes son los nuevos investigados? ¿Tienen abiertos procesos judiciales en otros países?
-Tareck Zaidan El Aissami Maddah: entre 2007 y 2023 ocupó más de 10 cargos públicos, entre los que destacan:
-Viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Justicia (designado en 2007)
-Ministro de Relaciones Interiores (designado en 2008)
-Vicepresidente de la República (designado en 2017)
-Vicepresidente del Área Económica (designado en 2018)
-Ministro de Petróleo (2020-2023)
En febrero de 2017 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta vinculación con el narcotráfico. Dos años después, un tribunal de Manhattan presentó cargos en su contra por presuntamente violar las sanciones al contratar vuelos privados a través de empresas estadounidenses. Desde entonces, integra, junto a su socio Samark López Bello, la lista de los más buscados por narcotráfico internacional y lavado de activos.
-Simón Alejandro Zerpa Delgado: entre 2013 y 2023 ocupó nueve cargos, varios de ellos relacionados con el manejo de fondos públicos.
-Comisionado del Fondo Chino (designado en 2013)
-Presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social, Bandes (2014-2023)
-Viceministro de Inversión para el Desarrollo del Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública (designado en 2014)
-Presidente del Fondo para el Desarrollo Nacional, Fonden (2014-2020)
-Gobernador alterno ante el Banco Interamericano de Desarrollo, BID (2016-2017)
-Vicepresidente de Finanzas de Pdvsa (2017-2018)
-Ministro de Economía y Finanzas (2017-2020)
-Director externo de Pdvsa (2018-2020)
-Presidente del Banco Bicentenario (designado en 2020-2023)
En 2017, Estados Unidos lo incluyó en la lista de sancionados por estar vinculado con hechos de corrupción en el país. En los dos años siguientes, Panamá y Canadá también ejercieron medidas en su contra por colaborar con el gobierno de Nicolás Maduro.
–Samark José López Bello: empresario venezolano estrechamente vinculado con Tareck El Aissami. Estados Unidos lo sancionó junto a El Aissami por su presunta vinculación con el narcotráfico. Además, comparte una causa en un tribunal federal de Nueva York por la evasión de sanciones.
A partir de la investigación que le sigue EE UU, la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos de República Dominicana le allanó dos villas ubicadas en un exclusivo complejo turístico de Punta Cana.
Está vinculado con al menos 24 empresas: 12 en EE UU, 7 en Venezuela, 2 en Islas Vírgenes, 2 en Panamá, 1 en Reino Unido. Sus sociedades han contratado con organismos públicos como Pdvsa y Pdval para el suministro de materiales y mantenimiento de las instalaciones. También ha importado millones de dólares en alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
-Johanna Amorín: Fue señalada por el fiscal de desviar los fondos involucrados en la trama a través de empresas que no cumplían con los requisitos para contratar con el Estado.
Aunque el fiscal no agregó más detalles sobre la identidad de Amorín, en los registros públicos figura una persona con el mismo nombre que ha ocupado tres cargos públicos:
En 2018 fue designada presidenta de la Agencia Venezolana de Publicidad (AVP) y un año más tarde fue nombrada viceministra de Seguimiento y Control del Comercio y la Distribución del Ministerio de Comercio Nacional.
Según una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, también fue directora del Despacho del Alcalde del municipio Libertador (Caracas) en la gestión de Freddy Bernal (2000-2008).
Está vinculada con 4 empresas, dos de ellas creadas en Caracas y otras dos en Turquía.
–Jesús Antonio Méndez Godoy: fue mencionado por el fiscal como uno de los intermediarios entre uno de los empresarios detenidos por la trama, El Aissami, el exdiputado Hugbel Roa y el expresidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado.
Está vinculado con tres empresas:
-Grupo Alkon Latinoamericana C.A. (Venezuela). Creada en 2017. Comparte acciones con Alejandro José Arroyo Pérez, detenido en 2023 por el mismo caso. El objeto social es la compra venta de maquinaria industrial.
-Inversiones Maldonado Méndez & Asociados C.A. (Venezuela) Creada en 2007. Se dedica al traslado de materia prima y arrendamiento de vehículos.
-Inversiones Socialismo 2021, C.A. (Venezuela). Creada en 2007. Se dedica a la compra venta de bienes muebles e inmuebles, distribución de artículos de oficina, venta de línea blanca y construcción de edificios.
–Edward Coronado: fue señalado por la Fiscalía como un emisario del exviceministro de Comercio y Suministros de Pdvsa, Antonio Pérez Suárez, para el cobro de comisiones a los empresarios que comercializaban el crudo. Sin embargo, no fue posible identificar qué cargos públicos ha ocupado.