Pese a que el Fiscal General de la República retomó en abril las declaraciones relacionadas con esta trama de corrupción, aún son muchas las interrogantes que no se han respondido sobre el proceso. Transparencia Venezuela insiste en que las autoridades deben ofrecer más detalles sobre este esquema
Transparencia Venezuela, 2 de mayo de 2024.- Hasta el pasado 9 de abril de 2024, los únicos señalados por el Ministerio Público de participar en la trama Pdvsa-Cripto venían de la estructura de poder o estaban relacionados con altos cargos dentro del chavismo. Las autoridades han sumado recientemente a este caso de corrupción a un grupo de dirigentes políticos opositores, quienes presuntamente se habrían beneficiado de la asignación irregular de buques petroleros. Por estos hechos, la fiscalía solicitó nuevas órdenes de aprehensión y extradición contra Leopoldo López y Julio Borges.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, sostuvo este 2 de mayo de 2024 que los políticos de oposición recibieron dinero de dos contratistas de Pdvsa que comercializaron irregularmente al menos ocho barcos con petróleo venezolano que equivalían a USD 1.000 millones. Cada barco cargó mínimo 2 millones de barriles de crudo y costó entre USD 120 millones y USD 140 millones. Según el fiscal, esta información se obtuvo de una declaración que dio el 1° de mayo el empresario Samark López Bello, quien fue detenido el pasado 9 de abril junto al exministro de Petróleo, Tareck El Aissami.
Saab difundió un video de López Bello en el que éste aseguraba que a los dos contratistas se les asignaban periódicamente buques petroleros equivalentes a cientos de millones de dólares y, además, se les permitía participar en una especie de mecanismo de compensación por el cual los empresarios se llevaban el petróleo y en lugar de pagar con dinero, debían traer diluyentes que serían usados por la industria petrolera nacional. De acuerdo con López Bello, con esta última modalidad los contratistas ganaban doble, por la venta del petróleo que se llevaban de Venezuela y por la venta de los diluyentes a Pdvsa. El detenido afirmó que uno de los contratistas señalados trabajaba con Pdvsa desde la época en la que Rafael Ramírez era presidente de la estatal.
A pesar de que Saab señaló que la declaración de López Bello se convertirá en una “audiencia de prueba anticipada, de delación” frente al tribunal que lleva la causa, la supuesta confesión difundida públicamente por el fiscal constituye una violación al Código Orgánico Procesal Penal (COPP), afirma a Transparencia Venezuela el abogado penalista Joel García. Según el artículo 132, el imputado solo puede declarar ante un juez, ya sea de control o de juicio, de forma voluntaria y siempre acompañado de su defensa. “Los videos que exhibe el Fiscal no constituyen un medio de prueba, no está establecido en la ley que el detenido declare ante el Ministerio Público o a la policía. Eso es abuso de poder, violación al debido proceso y al derecho a la defensa”, señala.
Respecto al uso de ese video como prueba anticipada, García explica que esta figura contemplada en el artículo 289 del COPP solo se usa cuando existe el temor de que la declaración sea irreproducible en la fase de juicio, como ocurriría en el caso de una persona con enfermedad terminal, por ejemplo. En ese supuesto, se instala el tribunal en el lugar en el que se encuentre la persona y se toma la prueba. Sin embargo, no fue eso lo que ocurrió. “¿Cuál es el obstáculo en el caso de Samark López?”, interpela el especialista.
La Fiscalía reiteró que 54 personas fueron detenidas en la primera fase de Pdvsa-Cripto, a pesar de que en 2023 se contabilizaron 61, según registros de Transparencia Venezuela a partir de declaraciones oficiales. En esta segunda fase han sido detenidas otras 13 personas, pero solo se conoce oficialmente la identidad de tres de ellas: Tareck El Aissami, Simón Zerpa y Samark López Bello.
Leopoldo López es un viejo conocido para el Poder Judicial de Venezuela. En 2014 fue encarcelado y posteriormente condenado a más de 13 años de prisión por dirigir protestas en contra del gobierno de Maduro. En 2017 recibió el beneficio de casa por cárcel y en abril de 2019 se refugió en la Embajada de España en Caracas. En octubre de 2020 escapó a España.
Esta es la tercera vez que el Ministerio Público solicita la extradición de López. En la primera, registrada en mayo de 2021, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia argumentó que debía culminar los ocho años de condena que le restaban. En julio de ese mismo año, Maduro aseguró que pedirían su extradición nuevamente por “organizar actos terroristas” en Venezuela; se desconoce si el TSJ llegó a aprobarla.
Sobre Julio Borges, expresidente del Poder Legislativo, también pesa una solicitud de extradición de octubre de 2018 por varios delitos, entre ellos homicidio intencional y encubrimiento. En otras oportunidades, ha sido señalado por la Fiscalía de dirigir operaciones en contra del gobierno venezolano.
Tanto López como Borges aseguran que el Ministerio Público actúa como una extensión del Poder Ejecutivo y que solo son perseguidos porque adversan al gobierno.
Pese a que el Fiscal General de la República retomó en abril las declaraciones relacionadas con el caso Pdvsa – Cripto, aún son muchas las interrogantes que no se han respondido sobre el proceso. Transparencia Venezuela insiste en que las autoridades deben ofrecer más detalles sobre este esquema de corrupción, por lo que plantea las siguientes preguntas:
– ¿Cuáles son las identidades de las 67 personas que están detenidas por este caso? ¿Cuál es el sitio de reclusión? ¿Cuál es el estatus de la investigación?
– ¿Quiénes son los dos contratistas presuntamente asociados a los líderes opositores? ¿Tienen órdenes de aprehensión?
– ¿Qué ha pasado con Edward Coronado y Johanna Amorín, personas de confianza de Antonio Pérez Suárez, Tareck El Aissami y Simón Zerpa mencionadas por el fiscal? ¿Están detenidos? ¿Tienen órdenes de aprehensión?
– ¿Cuáles son las empresas involucradas en la trama? ¿Quiénes son sus socios?
– ¿Quiénes son los otros 10 detenidos en la segunda fase de Pdvsa-Cripto?
– ¿Cuáles son los mecanismos de control y supervisión que se emplean para evitar actos corruptos, tomando en cuenta que supuestamente uno de los contratistas tenía relación con Pdvsa desde la época de Rafael Ramírez?
– ¿Se ha pedido información a otros países o entidades financieras para rastrear el dinero involucrado en la trama? ¿Han podido recuperar parte del dinero comprometido?
– ¿Cuánto es el dinero público comprometido en esta trama de corrupción? ¿Qué cantidad de recursos han podido recuperar? ¿Cuántos bienes han sido identificados y cuál es su estatus?
– ¿Cuál es el resultado de la investigación sobre la muerte de Leoner Azuaje, expresidente de Cartones de Venezuela? ¿Se investigará el fallecimiento del coronel del ejército y exfuncionario de Pdvsa, Marino José Lugo Aguilar?
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